Los Gobiernos de Ceuta y Melilla han concretado este jueves la reivindicación que, juntos, plantearán al Ejecutivo de la Nación y a las Cortes Generales para añadir a través de los Presupuestos Generales del Esetado para 2022 una Disposición Adicional a la Ley General Tributaria que establezca "que las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos estatales regulados serán objeto de una bonificación [mínima] del 60%" en las dos ciudades autónomas, un paso que vendría a dar "seguridad jurídica" a las ventajas fiscales de los dos territorios.

Después de que en los nuevos Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras (las denominadas tasas Google y Tobin) e incluso en el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados no se hayan tenido en cuenta las especificidades de Ceuta y Melilla, ambas consideran que deben ser blindadas con medidas legislativas adicionales para dar "una mayor seguridad jurídica a empresas e inversores nacionales o extranjeros".

Además, los Ejecutivos de Vivas y De Castro apuestan por extender el tratamiento fiscal aprobado en 2018 para el sector del juego en línea a todas las empresas tecnológicas a través de una modificación del Impuesto de Sociedades que, según la consejera de Hacienda ceutí, Kissy Chandiramani, "impulsaría la creación de empleo con una bonificación en el Impuesto de Sociedades que duplicaría la que disfrutan las empresas ya radicadas y multiplicaría por cuatro las que se instalen en las dos ciudades hasta el límite de 8 trabajadores y durante cuatro años".

Esto se debería traducir en una mejora de la bonificaciones de las entidades residentes o no en Ceuta y Melilla que cuenten con un lugar fijo de negocios en ellas para que puedan incrementar el importe de sus deducciones por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones en las ciudades autónomas. También sería "determinante" eliminar "la necesidad de acreditar el cierre del ciclo mercantil que determine resultados económicos, facilitando con ello, el establecimiento de divisiones que, por ejemplo, desarrollen labores de 'back office", esto es, de gestión común deslocalizable.

"Esta apuesta por la localización de empresas de servicios -o de sus trabajadores- en Ceuta o Melilla permitiría servir de reclamo para que las actividades de servicios -y de forma singular las que tengan más facilidad para su deslocalización por poder prestarse por vía telemática o electrónica- puedan establecerse en las ciudades autónomas y beneficiarse de un régimen suficientemente atractivo", consideran los Gobiernos de ambas regiones.

La justificación de la necesidad de la adopción de estas modificaciones legales es, a juicio de los dos, sencilla: "Los elevados costes del aprovisionamiento de mercancías que originan la extrapeninsularidad; el reducido tamaño del mercado de bienes y servicios; la escasez de suelo y otros recursos naturales; y los impedimentos para normalizar y desarrollar las relaciones económicas y comerciales con el país vecino complican enormemente el desenvolvimiento de la actividad productiva, cuya consecuencia más dramática se resume en el hecho de que se encuentra en paro la cuarta parte de la población activa de Ceuta y de Melilla; en el caso de los jóvenes, un 70%, 30 puntos por encima de la media nacional".

"Atendidas las mencionadas consecuencias, agudizadas por las actuales crisis, tenemos la ineludible obligación, por muchas que sean las dificultades, y lo son, de perseverar en el empeño de buscar fuentes y yacimientos de actividad productiva que aumenten el peso de ésta en la formación del producto interior y la creación de empleo", se resume el espíritu del acuerdo forjado por Chandiramani en la ciudad hermana esta semana.