El Gobierno local 'desmiente' a CAD pero no niega la información sobre los habilitados nacionales


El Gobierno local 'desmiente' a CAD pero no niega la información sobre los habilitados nacionales

-La versión de la Ciudad es que no se va a realizar mayor control de la Administración sobre el Ayuntamiento que el que tienen el resto de entidades locales

-El Gabinete de Vivas no recuerda que lleva años sin ejecutar una sentencia por la que tiene que pedir a Madrid el nombramiento de interventor, secretario y tesorero

El Gobierno local ha salido al paso de la información publicada por Ceuta al Día, eso sí, sin citar a este medio, sobre la imposición del Ministerio de Hacienda de que Ceuta debería pedir los puestos de habilitación nacional (secretario, interventor y tesorero) para poder acudir al crédito a partir de 2011. Una noticia que la portavoz accidental del Gobierno, Mabel Deu, ha "desmentido" de una forma particular, sin negar la información.

La versión de la Ciudad es que no se va a realizar un mayor control sobre el Ayuntamiento de Ceuta que el que se lleva a cabo en el resto de entes locales. La parte que no indica el Ejecutivo de Vivas es que en todos esos entes locales los puestos de habilitación nacional están efectivamente ocupados por funcionarios de dicho cuerpo, y no son bien técnicos de la casa designados 'a dedo' por el propio Ayuntamiento o con una categoría inferior a del Ayuntamiento de Ceuta. Deu no ha negado en ningún momento que precisamente la Ciudad vaya a pedir a Madrid que cubra las plazas de secretario, interventor y tesorero.

Durante los primeros años del Gobierno de Vivas, la Ciudad ya acudió a los juzgados para solicitar la potestad de estos nombramiento. Un litigio que se perdió y cuya sentencia obligaba a Ceuta a pedir al Estado los tres puestos. Una orden que el Ejecutivo ceutí no ha ejecutado en estos años, y que sería precisamente el compromiso que habría pedido Hacienda, que los cargos dejen su carácter temporal y de nombramiento por la propia Ciudad para regresar a la legalidad establecida en el resto de entidades locales.

Los tres puestos afectados ya se vieron envueltos en la polémica hace unos meses cuando el sindicato UGT denunció el cobro irregular de entre 130.000 y 200.000 euros cada uno. Un caso que terminó en los tribunales y sobre el que todavía no se conoce sentencia.

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