Las bonificaciones siguen dando mucho, pero que muchísimo de lo que hablar. Ayer -lunes-, la Asamblea de Melilla mostró su rechazo unánime y sin fisuras al mantenimiento del régimen que entró en vigor el pasado primero de septiembre. Todos los partidos políticos con representación en la cámara presentaron una moción conjunta para dejar constancia de su animadversión a propósito de la nueva norma.

A la vista de que los Ejecutivos de ambas ciudades autónomas acordaron ir de la mano a la hora de defender sus postulados y reivindicaciones en aras del restablecimiento del anterior sistema, Alejandro Ramírez ha revelado este 3 de octubre que "el área de Hacienda esté en permanente contacto con su homóloga competente en el Gobierno de Melilla".

Cabe mencionar que lo que han pedido nuestros hermanos melillenses es que la aplicación de la normativa quede, de momento, en suspensión, petición que va en consonancia con lo resuelto en Ceuta el seno de la Mesa de Diálogo Social. A este respecto, la idea del Gobierno de Vivas pasa no por "corregir el actual régimen", sino, directamente, por "volver al anterior".

Según Ramírez, el de las bonificaciones se ha convertido en "el tema que más preocupa en la actualidad al Ejecutivo local". El consejero ha tenido a bien aclarar que este "es un asunto sobre el que se ha estado trabajando en coordinación con los diferentes agentes económicos y sociales a través de la Mesa de Diálogo", órgano que, efectivamente, concluyó hace pocas semanas solicitar la derogación de la vigente ley a través de los cauces que fuesen procedentes.

Paralelamente, el Gabinete de Juan Vivas resolvió impulsar medidas con las que intentar mitigar los muchos efectos negativos que, presumiblemente, el nuevo escenario provocará sobre nuestro ya de por sí denostado tejido productivo. "Los organismos de las dos ciudades hemos llegado a la conclusión de que la situación va a afectar gravemente a las pequeñas y las medianas empresas", exponía Ramírez.

Pese a que la Administración no dispone de datos fehacientes sobre el número de contrataciones que se han visto afectadas por la coyuntura, el portavoz gubernamental ha recordado que, el pasado día 21, los actores que dan forma a la comisión técnica creada ad hoc sacaron en claro que ningún contrato de entre todos los firmados hasta entonces iba a poder beneficiarse de bonificación alguna. "El dato 100% fiable lo conoceremos en los próximos días", adelantaba el segundo de a bordo del PP caballa.

Ramírez decía tener constancia "de manera casi personal" de que "muchas empresas ceutíes están teniendo problemas a la hora de dar continuidad a su actividad diaria". Y es que, a diferencia de lo que sucedía de forma rutinaria hasta la efectiva aplicación de la nueva reglamentación, los contratos suscritos bajo el paraguas del real decreto de la discordia "no pueden ser objeto de bonificación por muchas circunstancias". "Antes, con independencia del tipo de contratación que se llevara a cabo, el empresario sabía que el 50% de las contingencias comunes le iban a ser bonificadas", concluía el titular del área de Fomento.