Desde el 1 de enero de 2022, el Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas ha encargado trabajos de toda índole y en prácticamente todas las áreas al Grupo Tragsa (dividido en 2 empresas: Tragsa y Tragsatec) por valor de 34,26 millones de euros (34.261.320,84 euros), según los datos que recopila la propia sociedad empresarial pública en su portal de transparencia mes a mes.

Para hacerse una idea de si es mucho o poco ahí va un dato. Esos 34,2 millones de euros en 2022 y lo que va de 2023 supone el 4,5 (4,46) por ciento del total presupuestario de la Ciudad y sus organismos público para los dos ejercicios completos.

Cabe anotar un asterisco. En la información recopilada para esta información extraída de la web de la propia empresa pública podría darse el caso de que algunos encargos repetidos en meses sucesivos fueran en realidad ampliaciones del primer encargo inicial y por tanto algunas cantidades deberían ser descontadas, pero con la información ofrecida es imposible deducirlo. La transparencia no siempre es tan translúcida y minuciosa. En algún caso, se ha hecho el ejercicio de rastrear en el Boletín Oficial de la Ciudad si se habían publicado los decretos con el encargo al grupo empresarial público y tratar de arrojar luz y esclarecer si las encomiendas eran nuevas o simplemente una ampliación de las anteriores. No hay rastro de los decretos en los que se explique de forma minuciosas exactamente qué se le estaba encargando hacer a Tragsa. Unas veces sí se publican y otras no.

Para seguir dimensionando el volumen de contratación a Tragsa, otro dato más. Que puede dar una idea, en los presupuestos para 2023, sólo el área de Economía y Hacienda contó con un presupuesto más elevado que esos 36,2 millones que ha recibido en encargos el Grupo Tragsa en 2 años. También el área de Servicios Urbanos (37,92 millones), pero es probable que para cuando acabe el año acabe siendo esa cifra inferior a los encargos recibidos por Tragsa. Presidencia y Relaciones Institucionales tenía asignados para 2023, 2,14 millones de euros. Gobernación 21,58 millones, Sanidad y Consumo 26,11 millones, Fomento y turismo 14,96, Medio Ambiente y Sostenibilidad 25,57 millones, Servicios Sociales 26,52 millones, Deporte y Juventud 14,31 millones y Educación y Cultura 25,35 millones.

Más datos macro. Los 20,38 millones de euros que encomendó en trabajos la Ciudad Autónoma al grupo en 2022 suponen un 1,5 por ciento del volumen total de la cifra de negocio de la sociedad pública en ese año (1.313 millones de euros).

Suele ser un argumento recurrente en las discusiones políticas señalar que es el contrato con Trace para la recogida de basura y la limpieza viaria el más cuantioso de los que gestiona la Ciudad Autónoma. El volumen de encargos a Tragsa en 2022 lo superó. Eso sí, es probable que no lo haga en 2023. En parte porque el contrato con Trace acabará cerca de los 26 millones y en lo que va de curso Tragsa ha recibido encargos por 13,87 millones y no parece probable que doble esa cifra de aquí a diciembre. Y entre otras encomiendas, la más cuantiosa de 2022, 4 millones de euros para apoyar precisamente la labor de Trace no se ha repetido en 2023.

Supuesta Agilidad

El propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, defendió en su día cuando se inició la apuesta por Tragsa para acumular encargos de trabajos públicos que habría dos beneficios fundamentales: ahorro en costes y, más que ninguna otra cosa, agilidad.

La querencia por Tragsa estaba anclada en que encomendar a la empresa pública se hace en la Administración Pública, como vulgarmente se dice, a dedo. No hay concurso. El Gobierno apoyándose en que el grupo público es medio propio de la Ciudad -entró en su accionariado, igual que el Estado y el resto de autonomías, diputaciones y cabildos insulares- se puede ahorrar los trámites que conlleva una licitación pública, un concurso al uso, para adjudicar trabajos de toda índole. Eso supuestamente iba a agilizar obras y servicios por el ahorro de meses en esa burocracia.

Convendría hacer un análisis más exhaustivo y seguramente correspondería a la oposición desarrollarlo, pero en la memoria reciente hay grandes hitos, o grandes fracasos, en ese sentido, que desmienten que el objetivo se haya conseguido: La reforma de la Gran Vía y la calle Jáudenes, cuyos remates aún aparecen en encomiendas en 2022, se alargó años sobre el plazo inicialmente previsto. Saben bien de esto los vecinos de Juan XXIII que vieron como se derribaba su local social y su pista polideportiva, pero aún hoy, años después, siguen esperando a que se construya la nueva instalación. O el puente de Arroyo Paneque, por citar tres sonoros ejemplos de obra pública en la que ahorrar licitación y encargársela a Tragsa no sirvió para agilizar los trabajos sino todo lo contrario. El resultado final fue el atasco de los mismos, los retrasos y la paralización de los proyectos sine die.

Multiservicio

Si la apuesta inicial por el Grupo Tragsa fue fundamentalmente para encomendarles trabajos de obras, hoy por hoy, el Grupo se ha convertido en una especie de comodín multiservicios a mano del Gobierno de la Ciudad para evitar las licitaciones públicas en prácticamente cualquier ámbito de su gestión de servicios y trabajos para el ciudadano.

El Grupo se ha hecho cargo del mantenimiento y la limpieza de varias instalaciones públicas deportivas y culturales: Pista de Atletismo, instalaciones del Instituto Ceutí de Deportes, de forma muy específica el polideportivo Díaz Flor, monitores y socorristas de piscina tanto en el Guillermo Molina como el Díaz Flor, la conserjería de esa misma instalación, la atención al público en la Estación del Ferrocarril y la Basílica Tardorromana, la puesta en marcha de la Oficina del Cambio Climático, redacción de proyectos básicos y de ejecución de diversas obras, mantenimiento y limpieza de monumentos como la propia Estación del Ferrocarril, personal de apoyo para la prevención de incendios, erradiación de la plaga de picudo rojo, jardinería, refuerzo de brigadas urbanas y medioambientales (apoyo a Ttrace), asistencia a intérpretes para tratar con los menores extranjeros, asistencia técnica para diseñar un programa piloto de inclusión social y en ocasiones hasta personal administrativo de refuerzo, e incluso el desarrollo de talleres con cargo a Fondos Europeos, por citar algunos trabajos.

Algunos de ellos, los relacionados con la limpieza de determinadas instalaciones públicas son el mejor ejemplo de la utilidad que le ha decidido dar el Gobierno de la Ciudad al medio propio Tragsa. Cuando estalló el conflicto con la empresa Hércules Servicios Integrales, el Ejecutivo recurrió a Tragsa como la opción más rápida para que los trabajadores pudieran subrogarse y comenzar a percibir sus nóminas, frenando así las sucesivas protestas y huelgas y restableciendo la normalidad en el servicio.