Un año y medio después de que, en julio de 2009, la Comisión Conjunta de Trabajo de Economía y Fiscalidad y de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del Consejo Económico y Social (CES) solicitase a la UGR un dictamen sobre el impacto que un incremento reglamentado del plus de residencia en el sector privado de Ceuta tendría sobre el empleo y la renta de Ceuta el Grupo de Trabajo constituido en el seno de la institución universitaria ha concluido que este sería “neutro” e incluso “positivo”.

Esa es una de las conclusiones que el equipo formado por cuatro profesores de Economía de la Facultad ceutí y un doctorando ha extraído tras estudiar las repercusiones que sobre la renta implicaría tal decisión, cuyo coste se cifra entre 13,7 y 9,1 millones de euros, siendo esta última cantidad “la más cercana a la realidad de acuerdo con las estimaciones efectuadas con datos de la Seguridad Social excluyendo los empleados públicos del sector empresarial”, según reza en el documento evacuado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este diario digital.

Dichos números son el resultado del procedimiento de estimación utilizado, que parte de que el importe actual del plus de residencia para el sector privado está fijado con carácter general en el 25%. El equipo de trabajo analizó, con datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, el montante total que se mueve en Ceuta en concepto de salario base en el conjunto del sector privado para, desde ahí, aplicar el 25% primero y el 33% después.

“En el escenario más pesimista [el que cifra el valor absoluto del cambio legal en 13,7 millones] esta medida elevaría su impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) local al 0,77%; en el más favorable [y el más realista, a juicio de los investigadores, que lo limita a 9,1 millones] tan solo un 0,4%”, explican antes de advertir de que “hasta que no se lleve a cabo el correspondiente estudio econométrico en la segunda fase del informe no se podrá estimar cuál será el impacto porcentual final sobre la renta y el empleo de la economía local”.

Con dicha salvedad los autores se arriesgan a decir que “de cualquier forma, los porcentajes tan bajos en los que nos movemos nos hacen pensar que dicho impacto final será prácticamente neutro para la economía local y será absorbido a través de su traslado a las rentas salariales y al consumo, lo cual repercutirá positivamente en el empleo local”.

 

Exigencia sindical

La elevación del plus de residencia del sector privado del 25% en el que quedó establecido por una Orden de 1975 (no derogada expresamente pero sí virtualmente en la mayoría de los casos de empresas sometidas a convenios estatales tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores) al 33% ha venido siendo una reivindicación permanente de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) nunca atendida.

Al hilo del proceso de renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial de Ceuta y Melilla impulsado por los Ejecutivos de ambas ciudades el secretario general de CCOO en la ciudad, Juan Luis Aróstegui, ha defendido que “no es justo” que el funcionariado tenga un plus de residencia “garantizado y sustancioso” mientras los trabajadores del sector privado no. “El REF”, opina el líder de Comisiones, “debe garantizar un plus de residencia del 33% del salario base para todos los trabajadores de Ceuta, sin excepción”. 

Mecanismo de solidaridad

Una Orden del Ministerio de Trabajo publicada en el BOE en marzo de 1975 sirvió para establecer un nuevo régimen de complemento salarial de residencia para los trabajadores del sector privado de las ciudades autónomas consistente en un 25% del salario base para equiparar, en parte, a los empleados del sector privado con los del público, a los que se les aplica en mayor porcentaje a través de las distintas Leyes de Presupuestos anuales. Dicha Orden, al igual que el REF, pretenden “compensar la merma del poder adquisitivo de las rentas salariales locales, así como los mayores gastos de transporte en los que se incurre cada vez que los mismos han de desplazarse a la Península”.

La norma no ha sido derogada, pero tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores los salarios del sector privado “sólo pueden establecerse mediante la negociación colectiva, sin que el Gobierno pueda obligar a las empresas a incluir concepto salarial alguno”, advierte el Grupo de Trabajo de la UGR, que también reseña en su informe la existencia de sentencias judiciales que avalan que sigue existiendo una limitación en lo referente a los sueldos “pues el complemento de residencia es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, al igual que lo es el salario mínimo”.

Así las cosas, actualmente los convenios sectoriales de ámbito territorial son receptivos al establecimiento del Plus fijado en una cuantía dl 25% (en algunos casos más), pero son "muy pocos" los sectoriales estatales que lo contemplan y en los que sí se asiste a procesos de supresión.

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