La Mesa de Diálogo Social se ha reunido este viernes, ya con Gobierno de la Nación formado, para retomar el abordaje del varapalo del nuevo sistema de ayudas a la contratación que sustituye a las bonificaciones a la Seguridad Social. Lo ha hecho para constatar datos en mano que las bonificaciones si no han sido derogadas, casi. De los 1.341 contratos de trabajo celebrados en el mes de septiembre, el primero que entró en vigor el nuevo sistema, sólo 18 entraron dentro de las nuevas posibilidades de solicitar dichas ayudas, según han trasladado los representantes del empresariado.

Más allá de las acciones de presión y contacto que se han acordado llevar a cabo, el Gobierno ha dado traslado a la Mesa de la Proposición de Ley que el Grupo del Partido Popular ha presentado ya en el Senado. La misma devolvería en caso de salir adelante el régimen de bonificaciones al punto anterior a septiembre, si bien, aunque es seguro que el Senado la apruebe con la mayoría de la que goza en la Cámara Alta el PP, después debe ser refrendada por el Congreso, algo que ya genera más incertidumbre.

Tanto ellos como los sindicatos se han conjurado para volver a insistir cada uno por su cauce en reunirse con las más altas esferas del Gobierno de la Nación para tratar de exponer esta realidad y hacer ver al Ejecutivo de Sánchez la necesidad urgente de derogar el Real Decreto 1 de 2022, al menos en esa parte, para volver al régimen anterior de bonificaciones.

Así lo ha explicado el secretario general de Comisiones Obreras, Emilio Postigo, que antes incluso de la cita de este viernes, ya aprovechó su reunión confederal en Toledo para trasladar “a la compañera que se reúne de forma habitual con la ministra (de Trabajo, Yolanda Díaz), le hemos pedido la posibilidad de reunirnos como sindicato como la ministra y si no es posible que lleve ella misma las reivindicaciones sobre este tema y otros más, como el plus de residencia para todas las empresas que se instalen en Ceuta, que tenga la obligatoriedad de pagarla. Igual que el Salario Mínimo que lo están pagando aquí los propios trabajadores con el plus de residencia; que lleven este tema e intenten convencer al Gobierno que este decreto lo que está haciendo es perjudicar los interese tanto de las empresas como de los trabajadores de nuestra ciudad”.

Todas las partes han quedado en “reactivar la presión par que vuelva todo a como estaba anteriormente”, en palabras de Postigo. Así la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos, y el secretario general de la Cámara de Comercio, Joaquín Mollinedo, han explicado que volverán a pedir reuniones de forma oficial con la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero también con el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el de la Presidencia, Félix Bolaños, para “dar la posibilidad de rectificar y de que escuchen nuestras alegaciones. Imagino que si no hay respuesta vamos a tener próximas reuniones después de Navidad de la Mesa de Diálogo Social y si no hay respuestas ahí se planificarán medidas”, ha explicado Mollinedo.

Medidas de protesta y presión que irán más allá seguramente de pedir reuniones y citas, porque los números del mes de septiembre han disipado la incógnita y dejan a las claras que de facto las bonificaciones son historia y que el nuevo sistema de ayudas no encaja apenas con el tipo de contratación que se realiza en Ceuta, lo que supone una perdida importante de competitividad para las empresas y por otro lado siembra la discordia entre los trabajadores, tal y como ha recordado la patronal al darse el caso de que “en la misma empresa, en el mismo puesto de trabajo unos ya están cobrando más que otros”, los que tenían y siguen teniendo la bonificación y los que llegan nuevos que no la tienen, y por tanto tampoco tienen el plus de vinculación salarial, un 8 por ciento sobre el salario base.

Y sí, es cierto, la afiliación a la Seguridad Social ha seguido incrementándose desde septiembre, pero Campos advierte que es cuestión de tiempo: “Cuando tú tienes un trabajo que realizar, tú tienes que realizarlo. Una empresa no se puede paralizar por no tener una bonificación. Lo que sí puede hacer es que ese trabajo, paulatinamente, no seas rentable y baje su actividad y cuando baje su actividad por no ser rentable, eso se va a ver con el tiempo. No se va a ver en el mismo mes de septiembre. Si tienes un contrato de un servicio que realizar, no va a decir, no lo acometo, pero el siguiente contrato se lo pensará muy mucho porque no le será rentable”, ha explicado.

Y por un lado Campos no descarta que haya empresas que opten por marcharse: “Esperamos que no se vayan empresas por esto, pero sí que tendrían una razón de peso”. Y si no salen, sí es más probable que no entren nuevas. “Al quitarlo, empresas que puedan venir de fuera y crear mucho empleo, como los call centers y demás, quizás en península a la hora de instalarse en algún territorio pueden tener ventajas que son difíciles de conseguir en Ceuta como que les cedan terrenos municipales gratis o facilidades para encontrar trabajadores. A la hora de tener una bonificación en la Seguridad Social pues esas ventajas se diluyen un poco: no tengo esto, pero tengo una bonificación. Sin esa bonificación competir con otros sitios la verdad que va a ser muy difícil”.

Y más aún, Mollinedo ha apuntado a la enorme inseguridad jurídica que ya genera la medida de acabar de facto con una ayuda fiscal que llevaba funcionando dos décadas: “La modificación lo que transmite es inseguridad jurídica a los inversores que puedan venir. Si has derogado de facto esto cuando te ha dado la gana, ¿por qué mañana si el Gobierno se levanta no me va a cambiar la bonificación del impuesto de sociedades o del IRPF? Es el perjuicio de facto sobre las bonificaciones, pero también a inseguridad jurídica que ha creado en Ceuta y que también la Mesa pelea por eso, por blindar las medidas fiscales de Ceuta, no sólo esta”.

Y un último apunte, un día después de la reunión entre el ministro de Exteriores, Albares y su homólogo marroquí, se sabe que la aduana comercial no entra en funcionamiento por cuestiones técnicas que alega Marruecos, que dice no estar preparado para su puesta en marcha. Campos ha hecho un apunte: “No puede ser que el Gobierno de Marruecos no esté preparado en el mismo momento que en la aduana de Melilla (abierta hasta 2018) había un tráfico de 10 toneladas y millones de euros que pasaban por allí con toda la documentación necesaria para su tramitación cada año. No tiene más que copiar lo que hacía en el 2018. No lo entendemos, sinceramente”.