El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo planteado por el sindicato Comisiones Obreras en defensa de los parados que desde hace más de un año llevan manifestándose para reivindicar su derecho al trabajo y para pedir a las Administraciones que refuercen la inspección de trabajo en las obras que se desarrollan a lo largo y ancho de la ciudad.

El sindicato decidió recurrir a este tribunal el decreto firmado por el delegado del Gobierno al entender que el mismo vulneraba el derecho fundamental de manifestación de los parados.

A pesar de este pequeño triunfo (es difícil que el Constitucional admita a trámite un recurso de este tipo) la moral de los parados está por los suelos.

“Yo me siento derrotado. Estoy viendo que no hay apoyo por ningún lado”, explica un abatido líder del colectivo, Mohamed Mohamed. Nos tienen ahí, un día detrás de otro de aquí para allá, que si hoy, que si mañana... La gente se va cansando, están desmoralizados. No ven ninguna salida. Por mucho que lo intentemos nuestra voz no llega a ningún lado. Nadie quiere ver lo que hay. No sé qué pasa en este pueblo”, escupe Mohamed, a quien no consuela ni la negociación abierta con el Gobierno que tiene en Adelaida Álvarez a su interlocutora.

A pesar de esa desmoralización, Mohamed lanza un mensaje: “Vamos a seguir. No hay vuelta atrás”. Y ahí siguen, aunque en menor medida, concentrándose ante la puerta del Ayuntamiento, todavía de forma diaria 50 o 60 personas.

El decreto de Delegación, avalado en cierto modo por la Ciudad Autónoma les hizo invisibles, al anular de facto la marcha que cruzaba la ciudad y cortaba el tráfico durante un buen número de minutos en algunas calles.

Por eso, el secretario de Organización de Comisiones Obreras, Ramón del Valle-Inclán cree que aunque la sentencia del Constitucional tarde tiempo, sería bueno que le diera la razón al colectivo de parados “por el coste político que tendría para la Delegación que se constatará un nuevo atropello a los derechos fundamentales, después del varapalo sufrido ya con la actuación que llevó a cabo con los inmigrantes. Es importante que quede constancia de que quien sea ha incumplido la Ley”.

En esa misma línea, del Valle Inclán recuerda que la hoy portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, también fue puesta en evidencia por los juzgados. “En un par de ocasiones atropelló derechos fundamentales al dictar servicios mínimos de forma irregular”, recuerda del Valle-Inclán.

“Nos han quitado todo. No te puedes ni manifestar en esta ciudad, por lo visto. Y de eso nadie se ha quejado, ni manifestado en contra. Yo lo veo mal. Hemos llegado a un punto en el que uno no se puede ni manifestar por la calle. Eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero mientras no nos afecte, no nos damos cuenta. Nadie ve lo que hay en los barrios, la pobreza que hay”, lamenta Mohamed.

Ese argumento de Mohamed se recoge también en el recurso de amparo presentado por el sindicato que cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se dice: “en una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”.

El colectivo que busca trabajo en la construcción ha visto como en el tiempo que llevan manifestándose la situación ha empeorado, antes contrababan extranejeros por 700 euros, “este año les están dando 500. Por 500 euros no puedes trabajar”, explica Mohamed.

“Cada vez más trabajo para sin papeles, ya hay mexicanos, colombianos, rusos, marroquíes... Hay de todo. El que venga de afuera y quiera trabajar por 500 ó 600 euros, vale. Lo primero que te preguntan es si tienes DNI, si tienes DNI, no trabajas. Esto es malo para toda Ceuta, exceptuando los cuatro o cinco listos de simpre que se están lucrando a través de esta gente”, concluye Mohamed.