"Sin diálogo y haciendo oídos sordos a la práctica totalidad de la juventud organizada e incluso a instituciones como el Parlamento Europeo o el Foro Europeo de la Juventud". Así ha decidido el Gobierno de Mariano Rajoy, según Jóvenes-CCOO de Ceuta, aprobar un proyecto de ley "que acabará de facto con el único espacio público, democrático e institucionalmente reconocido de participación, debate, reivindicación y propuesta de los jóvenes españoles".

"En una maniobra que sólo puede ser entendida como un intento de silenciar la voz de las personas jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la crisis y más perjudicados por las políticas antisociales del Gobierno", ha lamentado el sindicato, "el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, que contempla el desmantelamiento del Consejo de la Juventud de España (CJE) al traspasar sus funciones al propio Ejecutivo".

Para Jóvenes-CCOO "la decisión, que no implica apenas ahorro económico, acabará con una plataforma plural y democrática -con más de tres décadas de historia- de la que forman parte decenas de organizaciones de todo tipo y orientación ideológica y que lleva años llamando la atención sobre la insostenible situación social y laboral de la juventud española y defendiendo sus derechos ante las distintas administraciones".

La disolución del Consejo de la Juventud en su forma actual, aparte de constituir -en opinión de Jóvenes CCOO- "otro gesto autoritario más por parte del Gobierno, que parece no tolerar voces críticas, dejará a España en una situación de excepcionalidad dentro de la Unión Europea, al quedar como el único país sin un foro juvenil independiente del poder político que dé cauce a las demandas de la juventud".

En un momento en que la sociedad civil quiere ser escuchada y en que la juventud tiene sobradas razones para organizarse y hacerse oír, el CJE resulta imprescindible. Por ello, Jóvenes CCOO ha mostrado su "respaldo absoluto" al Consejo de la Juventud de España y ha exigido al Gobierno y al PP que, a lo largo del trámite parlamentario del proyecto de ley, "den marcha atrás y garanticen tanto la continuidad del Consejo -con su actual personalidad jurídica, funciones, estructura y funcionamiento- como el respeto a su independencia política".