El consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, y la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta (COPCE), Dolores Cañossantos, han formalizado este miércoles un contrato por el que la Ciudad dispondrá de los servicios de los profesionales de la psicología colegiados en determinadas situaciones de emergencia y accidentes, bien sea para asistir a las propias víctimas, a sus familiares o a efectivos de los servicios intervinientes.

En líneas generales, la Ciudad dota así a sus operativos de emergencias del apoyo psicológico necesario inmediato en situaciones de siniestro o catástrofe en el ámbito de sus competencias, siempre con el objetivo final de tratar de mitigar las consecuencias del suceso en los afectados, asesorar a los intervinientes sobre el impacto psicosocial de las actuaciones y disminuir los niveles de estrés de los ciudadanos en general como consecuencia de esos acontecimientos.

El servicio formalizado hoy con el COPCE, al que la Ciudad dedica 18.000 euros y cuya vigencia es de un año desde la firma del contrato, quedará activado a instancias del 1-1-2 en situaciones como accidentes de tráfico de cierta envergadura, como pueden ser lo que registren múltiples heridos graves o víctimas mortales, los que impliquen a menores, bien porque sean heridos de gravedad o porque estén afectados sus familiares más directos.

Del mismo modo se actuará ante accidentes náuticos con ahogamientos y explosiones, incendios o fenómenos meteorológicos adversos que acarreen pérdida de vivienda o bienes, personas heridas atrapadas, la orfandad de menores y afectados por síntomas catatónicos.

En casos de intento de suicidio, la Ciudad también podrá requerir la intervención de un equipo del COPCE tanto dirigida al suicida como a sus familiares y durante todo el tiempo que se considere necesario para la resolución del conflicto.

También están contempladas intervenciones similares en situaciones de secuestro y retención; comunicación a menores de la muerte de sus progenitores y viceversa; asesinatos y homicidios; y otras, de gran impacto social y emocional, que puedan conllevar que efectivos de servicios intervinientes o sus familiares requieran ese tipo de asistencia.

Asimismo, el contrato estipula que este servicio pueda ser activado a petición del presidente de la Ciudad, del consejero del área o de los jefes de los servicios participantes en una emergencia, sea cual sea la situación en la que se considere necesaria la atención psicológica.

Los responsables de dirección y coordinación del Servicio de Emergencias 1-1-2 y el COPCE empezarán a trabajar esta misma semana en los protocolos de movilización de los profesionales que formen parte de los grupos de intervención según las situaciones y parámetros que se determinen con carácter previo.