Moro, que comparte el banquillo de los acusados con el ex consejero de Gobernación de la Ciudad Autónoma Antonio Francia, a quien se imputan los mismos delitos, reconoció que desde que llegó a la ciudad hubo "dos meses" en los que se aplicaron los protocolos de actuación con los menores marroquíes "que se venían ejecutando desde 1996", pero que a partir de septiembre de ese mismo año y tras evacuar consultas a los Ministerios de Interior y Exteriores "las actuaciones se acogieron a dos criterios básicos: dos escritos del fiscal jefe de Cádiz y de la Abogacía del Estado".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ejerce la acusación popular, imputa a Moro y a Francia sendos delitos de prevaricaron y detención ilegal, en el caso del ex delegado por ordenar la detención y expulsión de los menores marroquíes y en el del antiguo consejero por dirigir la actuación policial. Por ellos solicita que ambos sean condenados a seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta (detención ilegal) y a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (prevaricación continuada). Por su parte, la Fiscalía no ha imputado cargo alguno a ninguno de los dos al considerar que no existen pruebas concluyentes de dichas expulsiones.

En su declaración, Moro intentó dejar claro que la Brigada de Extranjería y la Secretaría General de la Delegación cumplían "escrupulosamente" con la legalidad en la tramitación de los expedientes de repatriación de los menores marroquíes, pero reconoció que la colaboración del país vecino para devolver a los jóvenes a su país era prácticamente nula. Por su parte, Francia negó que, como sostiene la acusación, la Policía Local entregase directamente a los menores que recogía en la calle a las autoridades marroquíes. "Creo que es imposible que se hicieran entregas directas", según afirmó el ex consejero del PP, quien tampoco supo explicar cómo se hacían dichas repatriaciones: "No sé lo que haría la Policía Nacional, imagino que contactar con la marroquí", argumentó tras detallar que los policías locales que dirigía "cuando localizaban a algún menor desamparado se le tomaban sus datos de filiación y se entregaban en el menor tiempo posible a la Policía Nacional, que era quien tenía las competencias en este asunto".

Tras ellos compareció como testigo uno de los tres policías locales que denunciaron estas actuaciones a la Fiscalía en 1998 después de negarse a entregar menores en la frontera sin tener una orden de sus superiores por escrito. El agente, con 23 años de experiencia en el Cuerpo, aseguró haber llevado personalmente en alguna ocasión a bordo de una furgoneta a varios menores y dejarlos directamente en territorio marroquí, pero explicó que tras recibir unos cursos de formación sobre la Ley de Protección del Menor se negó a volver a hacerlo al considerar que estaban actuando "fuera de la ley". El sargento que le mandaba durante el periodo que permaneció en el 092 negó haber rechazado darle dicha orden por escrito a su subordinado, como había asegurado previamente el agente denunciante, y respaldó la versión de Francia, según la cual los menores marroquíes, que por aquella época estaban "por toda la ciudad", eran detenidos, se recogían sus datos "y se llevaban a Comisaría".

Juan Luis Aróstegui señaló que la denuncia pública sobre estos hechos que realizó el PSPC "no se refería tanto a las detenciones, que respaldaba la mayoría de la sociedad ceutí, como al maltrato institucional que diversas fuentes nos habían denunciado que se estaba practicando con los menores extranjeros, a los que se nos aseguraba que se dejaba de madrugada en la frontera desamparados". Aróstegui reconoció que la Comisión de Investigación que se constituyó entonces en la Asamblea local no encontró "pruebas documentales" de estos hechos y admitió que "esa situación se corrigió con el tiempo".

Por último, el periodista José Bejarano, que elaboró un reportaje sobre las detenciones de menores marroquíes por parte de la Policía Local a finales de 1998, dijo no haber visto "maltrato" por parte de los agentes y se limitó a reconocer que estos "los llevaban a la frontera, pero allí los entregaban a la Policía Nacional", pero no "a ningún servicio ni trabajador social". El juicio continuará mañana con la segunda sesión de la vista oral, previsiblemente después de la cual quedará visto para sentencia en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta.