La Oficina de Inteligencia de la Comandancia investigó una manifestación del 1 de mayo

La Oficina de Inteligencia de la Comandancia investigó una manifestación del 1 de mayo
Informe sobre el 1 de mayo

La destitución fulminante del teniente coronel José María Albarracín, al mando de la Oficina de Inteligencia de la Segunda Sección del Estado Mayor, destapó las investigaciones realizadas desde la Comandancia General de Ceuta a civiles vinculados con la política, el sindicalismo o el movimiento vecinal. Investigaciones que, al menos en el caso de los sindicatos, no se limitaban tan sólo a la obtención de la lista de miembros de las Ejecutivas y su filiación política, sino que incluso llevó en marzo del año 2002 a solicitar un informe sobre un artículo publicado en la Gaceta Sindical de Comisiones Obreras sobre movilizaciones para exigir la integración del Hospital Militar en la red sanitaria que entonces conformaba el Insalud. Es uno de los documentos recogidos en el expediente al que ha tenido acceso la investigación conjunta realizada por Ceuta al día y El Faro, que demuestra que desde el año 2002 se realizaron un total de 274 peticiones de información, primero por parte del Grupo Operativo de Seguridad del Ejército de Tierra (GOSET) y posteriormente por el Centro de Integración y Difusión de Inteligencia (CIDI). Una información que en algunos casos tenía como único destino la Comandancia General de Ceuta, pero que en otros era enviada al Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET).


Es el caso del artículo de la revista sindical, y que provocó posteriormente una investigación que llevó a miembros de la Sección de Inteligencia a elaborar un informe sobre la manifestación del 1 de mayo del año 2002. El motivo, la aparición en el Hospital Militar de panfletos que instaban al personal del centro a que acudiesen a la manifestación con bata blanca o pijama hospitalario para denunciar los problemas del establecimiento de sanidad militar. Un panfleto que se incluyó en el informe desarrollado por la Sección de Inteligencia, junto a los artículos de la prensa local sobre la manifestación, o incluso “una pegatina recogida por este GROPER en el transcurso de la manifestación” tal y como reza el texto de la nota.

No se trata, ni mucho menos, del único expediente sobre investigaciones realizadas a Comisiones Obreras desde la Comandancia que forma parte de los más de mil folios que integran las diligencias abiertas por el Togado Militar. Un mes más tarde, el 4 de abril del año 2002, la Sección de Inteligencia enviaba al CISET otro expediente sobre una denuncia sindical realizada por Comisiones Obreras, relativa a un accidente laboral ocurrido en el interior del Centro Cultural de los Ejércitos, cuando un trabajador ilegal arreglaba unos desperfectos en el gimnasio ubicado en la planta alta del centro. El informe recoge las declaraciones de los protagonistas, así como los artículos publicados en la prensa local. También se incluye una nota de prensa de Comisiones Obreras, que el propio sindicato envió en su momento a la Comandancia General, y en la que se anunciaba una denuncia ante la Inspección de Trabajo por presunto delito contra los derechos de los trabajadores, pero en la que se matizaba que los responsables eran el empresario que gestionaba la concesión del gimnasio y el contratista encargado de la obra, y no el Ministerio de Defensa, cuya única posible responsabilidad era subsidiaria, además de reconocer que el comandante general había dado “instrucciones precisas y severas sobre el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral en los centros y dependencias” del Ministerio.

En abril del año 2005 se encarga el ya celebérrimo informe sobre la composición de las ejecutivas de Comisiones Obreras y UGT en Ceuta, documento que se presenta el 6 de mayo de ese mismo año, cuando el teniente coronel Fernando Berenguer era el responsable de la Sección Segunda del Estado Mayor. Un informe que presuntamente tendría su origen en un incidente ocurrido en el puerto, cuando una persona intentó adquirir un billete con descuento militar sin presentar la documentación correspondiente, tras lo que aseguró que “se iban a enterar” porque él “organizaba el sindicato del puerto” y estaba afiliado al PSPC. Circunstancia que motivó la investigación para descubrir si en realidad era soldado y mantenía alguna filiación sindical o política, hecho desmentido posteriormente.

El expediente sobre los sindicatos no sólo se limitó a recoger los nombres y número de DNI de los sindicalistas, además de su filiación política, tal y como recoge la petición de información, sino que fue más allá. En el punto cuarto del documento de petición, se solicita también “cualquier otro dato que se considere de interés”. Bajo este apéndice se incluye información como el cargo de Juan Luis Aróstegui como director del IES Puertas del Campo, de José Antonio Alarcón como director de Servicios Bibliotecarios de la Ciudad o de Antonio Gil como presidente de la ONG Acción Solidaria. No son los únicos datos, ya que la Sección de Inteligencia se dedicó también a rastrear deudas en la liquidación del IPSI del propio Juan Luis Aróstegui, que ascendía 4,53 euros, así como por infracciones de tráfico de otros miembros del sindicato CCOO.

Estos son sólo algunos de los documentos incluidos en 40 folios de los más de 1.300 que incluyen las diligencias previas instruidas por el Jugado Togado nº 25 de Ceuta, que se ha inhibido del caso a favor del Togado Central de Madrid. Todavía se desconoce el contenido del resto del expediente, aunque la intención del sindicato Comisiones Obreras es la de pedir todo el informe, y no sólo la parte que le atañe directamente.

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