La decisión del Gobierno de organizar un “cuerpo de vigilancia” encubierto, al amparo de una Memoria de los Planes de Empleo de “ Mantenimiento de Barriadas” ha soliviantado también a Comisiones Obbreras que considera que "carece por completo de amparo legal y supone un disparate desde todos los puntos de vistas posibles".

Reprochan al Gobierno de "plagar el texto de su definición de eufemismo" y recuerdan que las competencias de vigilancia y denuncia en las calles están perfectamente reguladas, "y en ningún caso encuentra acomodo que a ello se pueda dedicar un colectivo de parados seleccionados para un Plan de Empleo con perfiles que nada tienen que ver con las funciones a desempeñar"."Pero es que además, someter a estas personas al riesgo que comporta “ denunciar” conductas delictivas careciendo de la autoridad, de los medios y de la protección adecuada para ello, es una irresponsabilidad que puede estar poniendo en riesgo su propia integridad física".

Por todo ello CCOO exige al Gobierno que "cese de inmediato en su intención de organizar esta incomprensible especie de “Brigada de Denuncia”, que no devalúe más el esencial servicio de seguridad ciudadana, y que se aplique en dotar a la Policía Local de los medios precisos para cumplir eficazmente sus competencias", recordando que la seguridad pública es un pilar fundamental en nuestro estado de derecho, "por lo tanto ha de estar garantizada por funcionarios especializados en la misma, los cuales cuentan con la preparación, actitud y profesionalidad que se exige para su desempeño. Por consiguiente y bajo ningún concepto ha de ser sustituida por fórmulas extrañas de difícil, por no decir, imposible, soporte legal" y recomiendan al consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, que "los experimentos los haga con gaseosa".