Javier Celaya lo tiene claro: la propuesta de ley de amnistía lanzada por el Partido Socialista "no tiene nada que ver" con la oportunidad que el Gobierno de Mariano Rajoy dio hace ya más de diez años a los grandes defraudadores españoles para que estos regularizasen por un módico precio su situación tributaria con el fisco.

El argumento utilizado por el representante que a Ceuta le corresponde tener en el Congreso de los Diputados es que, desde el restablecimiento del vigente régimen democrático, "se han producido en España varias amnistías fiscales". Según Celaya, "una amnistía es un proceso que se acomete cuando se produce un cambio de régimen o al finalizar un conflicto armado". Tal sería el caso de aquella puesta en práctica en tiempos de la Transición. En palabras del parlamentario, en aquel momento, "no tenía sentido mantener en la cárcel a personas que militaban en el Partido Comunista o en cualquier sindicato". Ahora, al parecer, sí que tiene lógica dejar entre rejas a los que perpetraron en suelo catalán el infausto referéndum del 1 de octubre de 2017.

Para Celaya, la principal diferencia radica en que, tras el franquismo, la militancia política y sindical pasó a ser legal en nuestro país, no así la convocatoria de consultas vinculantes como la de Cataluña. Siendo esa la premisa, hay que recordar a los más despistados que, hoy por hoy, no es legal dentro de las fronteras del Estado español que los magnates engañen a Hacienda valiéndose de ingeniería fiscal; tampoco que lleven sus grandes fortunas a lugares como Antigua y Barbuda para blanquear la pasta a través de sociedades pantalla.

El diputado popular considera que, "salvo que la pretensión de Pedro Sánchez sea destruir el régimen de 1978, no tiene sentido ofrecer una amnistía a quienes sabían que estaban incumpliendo la ley malversando fondos públicos y alentando desórdenes en las calles". Utilizando el mismo razonamiento, pero a la inversa, sí tiene lógica condonar las deudas a quienes se ahorraron apoquinar miles de millones a sabiendas de que no se trataba, precisamente, de una práctica demasiado lícita, máxime, teniendo en cuenta la galopante crisis financiera en la que España se encontraba sumida de lleno a principios de la pasada década.

Celaya no tiene ninguna duda de que "lo que se deja traslucir con esta medida es que cualquier delincuente en España puede tener barra libre si cuenta con los apoyos políticos necesarios para ser perdonado". Por si había dudas: el exdirector general de Educación se refería a la amnistía del procés, no a la fiscal. "Esa es la lectura de este tipo de amnistía", insistía.

"Si realmente Pedro Sánchez pensaba que esto era lo mejor para España, ¿por qué no lo expuso en su programa electoral?", se preguntaba irónicamente el compareciente, para apostillar: "Evidentemente, no lo pensaba". Al igual que lo sucedido con el uso de las lenguas regionales en las Cortes Generales, Celaya cree que el debate que nos ocupa "es fruto de la necesidad imperiosa de Sánchez de seguir siendo presidente a toda costa".

Desde el PP, piensan que los socialistas "están intentando convertir su necesidad en una virtud". "Dicen que esto va a ser estupendo para el conjunto de los españoles cuando, realmente, no va a ser así", argüía Celaya. Es, llegados a este punto, cuando conviene recordar la defensa a ultranza que el Ejecutivo de Rajoy hizo de su flamante perdón a los defraudadores. En junio de 2017, poco antes de que el PSOE desalojara de la Moncloa al Partido Popular, Cristóbal Montoro lanzó en referencia a la amnistía fiscal una frase que pasó a los anales de la historia: "Sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar". Cabe mencionar que, días antes de pronunciar tan nobles palabras, el Constitucional tumbó la norma promulgada por el entonces ministro de Hacienda.

La medida hizo aflorar alrededor de 40.000 millones de euros que, hasta ese momento, permanecían ocultos en paraísos fiscales varios; 1.700 de ellos fueron a parar al erario público. La parte no tan positiva viene a continuación: la Administración General del Estado esperaba recaudar, al menos, un 10% del dinero no declarado. El porcentaje final, no en balde, fue de 4,25 puntos, por lo que no se puede hablar de que la iniciativa fuese, precisamente, fructuosa para los intereses de la economía nacional.