Nada nuevo bajo el sol: el Gobierno sigue echando balones fuera en lo que respecta a la multitudinaria fiesta de fin de año que se celebró hace escasamente una semana en el local de la Asociación de Vecinos del Centro. A la pregunta de cómo es posible que la Ciudad no tuviera conocimiento de que se hubiese convertido el referido espacio en una suerte de 'guateque eventual', Alberto Gaitán ha esgrimido -en defensa de la Administración- que "fue una celebración privada". Si por "privada" se entiende que no se permitió el acceso al recinto a personas ajenas a la entidad vecinal, la definición no se ajusta a lo que realmente sucedió en el corazón de la Manzana del Revellín durante la noche del cambio de año.

Como ya se dijo, quienes tuvieron la dicha de concurrir al evento hubieron de abonar una cuota individual de 15 euros en concepto de 'entrada'; ello, para sufragar los gastos derivados de lo que fue un cotillón como cualquiera de los que se organizan en el Poblado Marinero (permisos y autorizaciones aparte, claro está).

Al Ejecutivo, no obstante, no le consta que los promotores del festejo cobrasen a los asistentes ni que se reservasen el derecho de admisión como si de una discoteca se tratase. "No tenemos conocimiento de ello", señalaba Gaitán. "No hay ninguna denuncia formulada al respecto", añadía. Según el portavoz del Gobierno, "la noche se desarrolló sin ninguna incidencia destacable". Se intuye, claro está, que dentro de ese saco de incidencias no destacables se encuentra, también, el episodio que nos ocupa.

Sobre la visita de la Policía local -esa misma que no dejó rastro alguno-, Gaitán ha alegado que los agentes de la UIR que acudieron al lugar no levantaron atestado por tratarse, precisamente, de una velada "particular". Escudándose en esa respuesta, el máximo responsable del área de Gobernación (de la que depende el Cuerpo) ha alegado que no se tomó nota de lo acontecido porque "no era necesario pedir ningún permiso". Y vuelta la burra al trigo.

A pesar de que se cedió un local sustentado con dinero público para organizar una fiesta, de que se cobró entrada, de que el espacio no dispone de salida de emergencia y de que se contrató a dos porteros (no sabemos en qué régimen) para que velasen por la seguridad de los presentes, la Policía "no vio nada extraño que diera lugar a un levantamiento de atestado". Salvo que entrasen con los ojos vendados, la excusa se antoja algo peregrina.

Evidentemente, al no haberse dado parte de infracción administrativa, Gobernación no prevé pedir explicaciones a nadie dentro del Cuerpo. "Si se interpone una denuncia, se investigará lo que se tenga que investigar", manifestaba el consejero. "Poco más podemos decir", remataba.