El primer Consejo de Gobierno del año no ha aprobado realmente nada de repercusión directa en la ciudadanía, al menos en el corto plazo, pero sí ha servido para que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, marque el rumbo a sus consejeros presentándoles un documento de 14 puntos en el que se fijan otros tantos ejes prioritarios de actuación para este 2026. Objetivos en los que avanzar de forma decidida durante este año y que en palabras del portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, vienen a “actualizar los objetivos de inicio de legislatura”.
Modelo económico y vivienda
Entre lo prioritario en esos 14 puntos, en el número uno el presidente ha situado el tránsito hacia un nuevo modelo económico de Ciudad basado en el “segmento digital y tecnológico”. Lo segundo es el Plan de Vivienda.
“Persistir en el empeño de favorecer el tránsito hacia un modelo económico basado en el segmento tecnológico y digital; el Puerto; el turismo; el comercio; los servicios; y la economía del conocimiento, promoviendo, a estos efectos, la recuperación y, en lo posible, mejora del sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, así como la ampliación del incentivo que contempla el Impuesto sobre Sociedades por la creación de empleo en nuestra ciudad sin tener que cumplir con el requisito de cierre del ciclo mercantil”, recoge el documento en su punto primero.
El documento de los 14 puntos que ha explicado Ramírez lo ha compartido con los medios el Gobierno no así los dos anexos en los que sí se recogen medidas concretas y se marcan los hitos a avanzar, pero es fácil deducir algunas medidas a la vista de esos “ejes prioritarios”.
En este caso parece bastante claro que el Gobierno iniciará una ofensiva de la mano de los agentes sociales y económicos para tratar de avanzar con el Gobierno Central en las reformas legales que posibiliten esa mejor del sistema de bonificaciones y la reforma del Impuesto de Sociedades, siempre ligándola al empleo, que permita no tener que cerrar el ciclo mercantil completo en la ciudad para que las empresas asentadas aquí puedan beneficiarse del régimen fiscal, también en ese impuesto.
En lo tocante al Puerto, este 2026 se presenta intenso e ilusionante. La próxima semana arrancarán las obras de la incubadora tecnológica que impulsan la Universidad de Granada y la Cámara de Comercio y sobre la mesa, contemplado en los Presupuestos, está el avanzar en la integración entre el puerto la trama urbana, al menos en lo tocante a la planificación.
Plan de Vivienda
El segundo de los ejes pasa por el Plan de Vivienda. Aquí hay dos cuestiones. El Gobierno quiere avanzar en la “construcción de cerca de 450 viviendas asequibles que contempla el Plan”. Una cifra expresada en el documento que de facto viene a rebajar algo la ambición del mismo. Pero dada la situación del mercado del alquiler y de compra venta cualquier contribución parece óptima. También tiene sentido que se fije el asunto como prioritario más después de acumular ya algunos meses de retraso en el arranque de las promociones sobre lo fijado en junio del pasado año.
Además, el Plan de Vivienda tiene otra vertiente. Otras 480 viviendas correspondería construirlas al Gobierno Central, al menos es quien tiene la propiedad del suelo donde se han proyectado: Loma Colmenar y la parcela tras la antigua prisión de Los Rosales. Y como prioridad se recoge expresamente “solicitar del Ministerio que lleve a cabo las promociones que dicho Plan asigna a la Administración General del Estado”.
Más presión al Gobierno Central
No es vivienda exactamente pero en cierto modo está relacionado. Otros puntos de los ejes prioritarios contemplan: “Impulsar el Plan General de Ordenación Urbana” (número 7).
En el 6 figura: “Plantear, en sus aspectos normativos, técnicos, financieros y de gestión, la actuación urbanística que, en los próximos años, habrá de llevarse a cabo en los acuartelamientos de Fiscer, Fuentes Pila y Otero, una vez culmine el acuerdo sobre cesión de estos por parte del Ministerio de Defensa”.
Pero todo eso pasa en cierto modo por que desde la Administración General del Estado, esto es el Gobierno Central se den también pasos. El convenio para la cesión de los tres cuarteles está firmado ya, pero queda que realmente Defensa los vacíe y materialice la cesión de los mismos, prevista para finales de este 2026.
Tanto para avanzar en el PGOU como para avanzar en la futura planificación de esa enorme área urbana que dejarán en la zona entre Parque Ceuta y Zurrón los tres cuarteles, es necesario avanzar en “la aprobación de una ley específica para Ceuta en materia de suelo y urbanismo”. Algo que tal y como ha recordado Ramírez ya está solicitado al Ejecutivo Central, pero sin la que es más difícil avanzar en estas otras dos cuestiones.
Peticiones al Gobierno Central
La prioridad de insistir al Gobierno de Pedro Sánchez en estas dos cuestiones forma parte del punto 11 de los ejes prioritarios. Ahí se desgrana la necesidad de reiterar “ante las instancias competentes”, esto es en todos los casos el Gobierno Central, diversas medidas.
Además de la de la Ley del Suelo, se recoge la necesidad de “atender las carencias existentes en Sanidad y Educación” y se recuerda que “algunas” son “acuciantes e inaplazables”. Vivas quiere lograr también del SEPE la reordenación de las políticas activas de Empleo para centrarlas en el paro juvenil, la formación y los itinerarios de inserción, a pesar de que a día de hoy el mayor volumen de parados y paradas registradas en la Ciudad tiene más de 45 años.
Vivas quiere también más presencia del Estado en Defensa, Seguridad y Justicia. Y seguir reclamando al Ministerio de Hacienda que compense los gastos en los que incurre la hacienda local por atender competencias que no son suyas como la producción de agua, el transporte de residuos o lo que genera la frontera.
Y la frontera es también otro punto a reclamar al Gobierno Central. “La normalización de la frontera, de conformidad con su condición de frontera exterior de la Unión Europea, tanto en lo que concierne al tráfico de personas como de mercancías”, recoge el documento.
Inmigración
Otro de los ejes marcados por Vivas como prioritarios tiene en parte que ver también con ese corolario de reclamaciones al Estado que recoge el punto 11 del documento. De hecho va a continuación, el 12. Así. Vivas quiere “insistir en la necesidad de limitar la capacidad de acogida de migrantes en tránsito, adultos y menores, así como la cobertura por el Estado del coste de los recursos provisionales y de emergencia que atiende el área de menores de la Ciudad”.
Esto es en el catálogo de reclamaciones financieras por los gastos en los que incurre Ceuta para atender competencias del Estado, el sobre coste en menores extranjeros es tal que merece ser entendido como un apartado al margen del resto. El Gobierno no quiere tampoco que la reforma legal que permite ahora agilizar los traslados de los recién llegados haga caer en el olvido que la gestión de esos recursos de acogida sigue provocando un desequilibrio millonario en las cuentas.
Obras y servicios
Por último se quiere insistir también en la línea de introducir medidas que logren el abaratamiento de las comunicaciones tanto marítimas como aéreas.
En el tercer punto del documento figura cumplir con los plazos del Plan Plurianual de inversiones, con especial énfasis en lo que toca a los barrios, colegios y renovación de equipamientos e infraestructuras.
El quinto punto pasa por mejorar los servicios que recibe la ciudadanía y que sí son de gestión directa de la Ciudad: Policía Local, Bomberos, Emergencias, Autobús Urbano, políticas deportivas…
Sector Periférico
Quizás lo más novedoso del documento porque a menudo cae en el olvido esté en el quinto punto de ejes prioritarios para 2026:
“Homogeneizar el funcionamiento de las sociedades mercantiles y organismos autónomos dependientes en cuanto a contratación, fiscalización, personal y estatutos”.
Se busca aunar “criterios a la hora de los procedimientos de contratación, de gestión de personal y de fiscalización para ganar en mayor agilidad y mejor funcionamiento de las mismas”.
Es algo que lleva pendiente tiempo y que como ha profundizado el portavoz muchas veces no se ha avanzado por diferentes coyunturas, “cada sociedad tiene su propio estatuto”, ha recordado Ramírez, para evidenciar que los criterios de unas y otras no siempre son los mismos en cada procedimiento.
Es en este sector periférico donde precisamente el Ejecutivo está encontrando mayores problemas en su gestión política rutinaria. La mayoría de las sociedades y organismos autónomos tienen en su Consejo de Administración la representación que salió de las urnas, asignándole a cada grupo parlamentario los votos equivalentes que tenía al inicio de la legislatura y no los que tiene realmente ahora cuando hay 6 diputados no adscritos. Eso ha forzado episodios como el de la aprobación de los presupuestos de Servilimpce este pasado diciembre o de la contratación express de Café Quijano y Pignoise en el Parque Marítimo el pasado verano. Ahí la oposición -sólo Ceuta Ya! No ha sufrido bajas- sigue teniendo capacidad de bloquear las políticas del Gobierno que no puede recurrir al auxilio de los no adscritos.
Agilidad administrativa, Inclusión Social y Educación
También figuran como ejes prioritarios estas tres cuestiones. El octavo punto del documento pasa por lograr agilizar, acortar, los plazos que ahora mismo se dan para la concesión de licencias de obras y apertura de establecimientos. Y a eso suma de forma específica la “actualización de la ordenanza reguladora de terrazas”.
Sobre la mesa está también previsto para este 2026 que la consejera de Asuntos Sociales presente al fin su Plan de Inclusión Social, “cuyo enfoque sea combatir las raíces de la exclusión”, recoge literalmente el documento.
Pero todo lo avanzado en materia de trabajo podría verse en cierto modo ralentizado por otra aspiración de ese punto, ponerlo en marcha y aprobarlo de “manera concertada con la Administración General del Estado”. Esto conllevará nuevas negociaciones en Madrid. El propio Vivas en sus últimas reuniones ha elevado ya peticiones al Ejecutivo para que se involucre en la gestión de la exclusión social en Ceuta, que todos los estudios existentes sitúan entorno al 40 por ciento de la población, por más que la cifra haya sido puesta en duda por la propia Benzina hasta el punto de prometer un estudio propio.
La Educación figura en el punto décimo del documento de prioridades. Pero a falta de ver qué medidas concretas se recogen en esta materia en los anexos, parece de momento más una declaración de intenciones políticas que otra cosa:
“Seguir considerando que la Educación es el principal ascensor social, la piedra angular de la igualdad de oportunidades, la inclusión y la formación en valores; y actuar de manera consecuente, mediante una notable implicación en el área al margen de competencias formales”, reza el documento sin que quede muy claro si “seguir” aspirando por eso y “actuar de manera consecuente” es dejar que un colegio se cierre porque se cae a cachos.
Lealtad y convivencia
Como corolario a los ejes prioritario de actuación, el presidente Vivas, enmarca todas las actuaciones a desarrollar, dentro de un carril del que es también prioritario no salirse: la lealtad institucional y la preservación de la convivencia.
En el caso de la lealtad institucional entendida no sólo como la relación de respeto y apoyo mutuo que se ha tejido entre el Gobierno de Ceuta y el de la Nación sino también buscando “el acuerdo en el seno de la Asamblea” y “el diálogo social”.
En el caso de la convivencia, se reseña que es la “expresión más genuina y edificante de la realidad multicultural de nuestra población, de la Ceuta de las cuatro culturas; convivencia en la diversidad sobre la base del respeto a los pilares que sostiene el edificio: el imperio de la Ley, igual para todos; la libertad; los derechos humanos; la democracia; y, por supuesto, el sentimiento de pertenencia a España”.
