Ayer hablaba de algunas cuestiones laterales acerca del reportaje publicado en “El País” sobre la tasa de encarcelamiento española (la más alta de Europa) y la tasa de criminalidad española (de las más bajas de Europa). La tesis que se mantenía en España es que castigamos muy severamente una serie de delitos (robos, hurtos, etc) mientras que otros delitos, especialmente los llamados popularmente de “guante blanco”, tienen  penas muy bajas en comparación con los anteriores.

Creo que el reportaje de “El País”, realmente quienes intervienen en él, cae en la fácil demagogia de hablar de delitos de ricos y de pobres, de delitos poco punidos y de delitos “sobrepunidos”. Realmente este tipo de comparaciones, unas veces útiles, en otras ocasiones pueden encerrar un gran peligro, porque los delitos no son una cuenta cero, es decir, el hecho de que un tipo debiera subir (que lo debería), no quiere decir que otro tipo de delitos debieran bajar en su penalidad.

Delitos como la prevaricación o el delito de urbanístico tienen una configuración penal que hacen muy difícil que su tipificación sea útil para evitarlos. Llevo tiempo estando de acuerdo en una modificación sustancial de la penalidad en estos delitos, pero ello no quiere decir que esté a favor de las rebajas en otros.

Describir al “pequeño delincuente” como víctima de la sociedad puede que sea acertado en muchas ocasiones, pero se nos olvida que la posibilidad de tener también condición de víctima no elimina la condición de verdugo. El autor de dos faltas de robo es una persona que ha ejercido violencia en las personas o en las cosas y cuyo botín es inferior a los 300 euros. No es un angelito.

Establecer una contraposición entre ricos y pobres en materia penal puede ser eficaz para analizar quienes van a prisión y los motivos, pero nunca debería servir para “canonizar” a ningún sector delincuencial. Es más hay que ser conscientes que los “delincuentes pobres” suelen cometer sus delitos contra las personas de su misma condición socioeconómica, que son los que puede que no tengan garaje para el coche, puerta blindada en su domicilio o cualquier elemento de seguridad adicional que suele costar dinero.

Esa delincuencia, que se tiende a llamar pequeña, tiene consecuencias más negativas en los barrios y sectores socioeconómicamente más débiles, que en los más fuertes o privilegiados. La lucha contra esa “pequeña delincuencia” es una lucha para defender a los ciudadanos con más dificultades que ven como sus calles son más peligrosas, sus hijos puedan estar más amenazados y sus casas pierden aún más valor de mercado. Todo ello por no hablar del desgaste personal que crea la sensación de inseguridad.

Habrá quien considere que los datos del reportaje de “El País” muestran una determinada relación de causalidad, es decir, España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad precisamente porque tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento, juzgando adecuada la política seguida hasta el momento. De esta postura se puede atacar el ejemplo de Finlandia (últimamente ejemplo para todo), que tiene menos presos porque aplica otras medidas diferentes al encarcelamiento, indicando que también tiene una mayor tasa de criminalidad que España, quizá por esas medidas.

No soy defensor del “rigorismo penal”, pero tampoco quiero caer en algo tan ingenuo como lo anterior que sería el “buenismo penal”. Hay que ver las consecuencias de lo que se dice, a quien afectaría un cambio en las tasas y si nuestro sistema evita algo que debería evitar, la reincidencia.