Durante casi una década, y en esos terrenos en los que política, medios de comunicación y justicia unen sus pasos, todo ha estado pendiente en Ceuta de lo que comenzará a acontecer la  próxima semana: el juicio por el Caso EMVICESA. Un juicio que sentará en el banquillo de los acusados a personas con un importante protagonismo en la vida pública de la Ciudad en buena parte de lo que llevamos de siglo, y que se enfrentan a peticiones que podrían  superar los veinte años  de prisión.

El principal encausado, recordemos, es quien fuera gerente de la sociedad municipal y viceconsejero de Vivienda hasta 2015, Antonio López. Detenido en 2017, pasó más de un año en prisión provisional. Se enfrenta a penas que sumarían  hasta 26 años de prisión y al pago de una multa de casi seis millones de euros. López tendrá que hacer frente a una petición que se sitúa en los diez años por un delito continuado de prevaricación, ocho por pertenencia a organización criminal, seis por falsedad documental, seis por cohecho y seis por blanqueo.

No es la única persona con responsabilidad directa de gestión que se enfrentará a elevadas penas. La ex consejera, Susana Román -que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Justicia- se enfrenta a seis años de prisión por falsedad documental y otros cinco por pertenencia a organización criminal, al margen de diez años de inhabilitación especial para cargo público. Rabea Mohamed, también consejera de Asuntos Sociales, y Mohamed Alí, diputado en aquel momento de Caballas, se enfrentan a cinco años de cárcel por pertenencia a organización criminal. A dos años por un presunto tráfico de influencias se enfrenta el que fuera gerente del PP y diputado de la Asamblea, Jesús González Barceló.

No son los únicos acusados. Al contrario, es más de medio centenar de personas el que tendrá que enfrentarse a distintas penas de prisión. Varios trabajadores de la empresa municipal en el momento de los hechos tendrán que afrontar penas de hasta nueve años (cuatro por cohecho y cinco por pertenencia a organización criminal). Ellos eran, según la estructura diseñada por Fiscalía, los intermediarios o vendedores. Los compradores de las viviendas se enfrentan a penas que, por lo general, oscilan en torno a los tres años por cohecho.

Los medios de comunicación no estarán presentes en la sala. No es ocultar información: es que directamente no hay espacio. Por ello, y partiendo de la base de que el anterior intento -la Operación Monte- salió bien, se repetirá  el procedimiento: una señal de circuito cerrado para que los periodistas puedan seguir el desarrollo de los acontecimientos.

El juicio llega después de años de recursos, recusaciones y denuncias cruzadas. Finalmente, todas estas han quedado en nada y dentro de una semana arrancará. Primero, el próximo 24 a las 10.30 con las cuestiones previas: el día 26 arrancará el juicio. Las siguientes sesiones previstas se han fijado para los días 7, 8, 9, 14,  15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre. A partir de ahí, una sentencia que será complicado llegue antes de 2023 y unos recursos que, prácticamente, todas las partes dan por hecho