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Cuatro años de residencia y no haber sido contratado el año pasado, claves para el Plan de Empleo

G. T. | 27 de agosto de 2020

Imagen de archivo.
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La Delegación del Gobierno dispone de quince días hábiles a contar desde este jueves para presentar sus memorias al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en base a la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados “para la realización de obras y servicios de interés general y social”.

La institución de la Plaza de los Reyes prevé recibir unos 12 millones de euros para sacar del paro durante entre 7 y 8 meses, según el momento en el que se materialicen los contratos y hasta el 30 de junio de 2021, a alrededor de 800 ceutíes, entre ellos personal docente y profesionales afines para los programas de conciliación escolares, trabajadores para reforzar los servicios de limpieza de los centros educativos y peones para labores medioambientales que habitualmente incorporaba la Ciudad, que este año dedicará su Plan de Empleo a atender las necesidades sanitarias de colegios e institutos.

Una vez aprobadas, la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) deberá remitir la oferta genérica de perfiles a contratar, con la que el SEPE iniciará el proceso de selección y baremación a razón de dos candidatos por puesto antes de publicar una resolución provisional con el preceptivo plazo de reclamaciones que dará paso, una vez resueltas, al listado definitivo para la contratación.

Los plazos que maneja la Delegación para que los incorporados estén efectivamente en sus puestos de trabajo apuntan a que ello sucederá a lo largo del mes de noviembre o, en el peor de los casos, en diciembre, como el año pasado.

Los  trabajadores  seleccionados deberán, en el momento de su selección, llevar empadronados al menos cuatro años en la ciudad autónoma. Además, la Dirección Territorial del SEPE se ha comprometido con CCOO a mantener el criterio de no volver a incorporar a personas que ya lo hubiesen sido en los programas 2019-2020.

La norma de referencia es una Orden Ministerial de 1997 que considera obligatorio exigir a los potenciales beneficiarios de los programas “ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo”. A partir de ahí contempla tres filtros: “Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado”, “mayores responsabilidades familiares” y “amenaza de paro de larga duración”. Para interpretar esto último se va a dar prioridad a “quienes acrediten 360 días de inscripción como desempleado en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”.

Según establece la convocatoria se considerarán como “desempleados  amenazados  de  paro  de  larga  duración”, uno de los criterios legales preferentes de baremación, aquellas personas “que acrediten 360 días de inscripción como desempleado en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”.

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