La coalición Caballas se opone a que la Cámara de Comercio sanee sus cuentas "a costa de ‘pelotazos’ con la Administración Pública, ya sea con la Autoridad Portuaria o con la Ciudad Autónoma”. En primer lugar, el primer grupo de la oposición en la Asamblea no está de acuerdo, según ha concretado Juan Luis Aróstegui, con que el Puerto pueda autorizar al organismo cameral que preside Karim Bulaix la transmisión de la nave de la que tiene la concesión por 310.000 euros a una empresa de nueva creación y tres socios llamada ‘Inversiones Cañonero Dato’.

El conglomerado planteado es lo que disgusta a Caballas. “Una concesión se puede traspasar y el uso de la misma también se puede modificar pero cuando se combinan ambas operaciones aparece el ‘pelotazo”, lamentó Aróstegui. Actualmente el local de la Cámara está destinado a acoger “fines propios” de la misma pero su destino, en caso de venta, sería el comercial.

Al trasvase se suma un tercer elemento “que completa el colmo de lo inaceptable”. Se trata de que la Autoridad Portuaria no se ha desprendido ni vía concesión de 77 metros cuadrados de esa nave, espacio que también querrían poder utilizar sus hipotéticos nuevos gestores.

El Puerto mantiene la operación sometida a los informes técnicos y jurídicos que avalen o rechacen la viabilidad de la misma alrededor de una nave que ha permitido mantener en manos de la Cámara pese a que “no la ha utilizado para los fines para los que se le había otorgado la concesión, cuya transmisión a los sindicatos para habilitar aulas de formación que contribuyesen a luchar contra el desempleo fue denegada en su momento”.

La coalición Caballas ha votado esta semana en contra del principio de acuerdo (faltan los pertinentes informes técnicos que lo avalen) adoptado en el Consejo de Administración de la Sociedad de Fomento Procesa para alcanzar un gran acuerdo con la Cámara que permita a ambas partes intercambiar el 50% que posee cada una de los viveros ubicados junto a la sede cameral, por un lado, y de una nave en los polígonos del Tarajal, por otro.

El pacto pasa porque la Administración local se quede con el primer inmueble y ceda su uso a la Cámara, que podría gestionar el cercano al perímetro fronterizo (presumiblemente para hipotecarlo) y que asumiría una deuda de 56.000 euros con la Ciudad Autónoma a cuenta de la diferencia existente entre la valoración de una y otra propiedad.

Embargo judicial

El Juzgado de lo Social decretó a primeros de este mes el embargo del inmueble de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación para hacer frente a las cantidades que UGT tiene reclamadas por el despido de varios trabajadores.

Hasta ahora, según el secretario general de los ugetistas, Antonio Gil, la Cámara aún tiene pendientes de pago un total de 70.000 euros, costas incluidas, que Bulaix se ha comprometido a abonar “en breve”. Antes del embargo inmobiliario el Juzgado comprobó que la Cámara no tenía saldos o depósitos en cuentas corrientes susceptibles de correr la misma suerte.

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