La Consejería de Fomento ha realizado una concienzuda labor de investigación, estudiando sanciones similares a empresas energéticas en otras comunidades autónomas como Baleares o Cataluña, para que el proceso cuente con todas las garantías legales y asegure tanto que la Ciudad toma la decisión correcta, como que se han ofrecido las condiciones necesarias a la empresa para que argumente sus razones.

Fuentes jurídicas consultadas por Ceuta al día han indicado no obstante que los pasos tomados por la Ciudad durante los momentos iniciales del proceso sancionador podrían haber dejado a la compañía Endesa en una situación de indefensión. El motivo es que las declaraciones que desde un primer instante realizaron tanto el presidente de la Ciudad como la propia portavoz del Ejecutivo local indicaron que la intención del Gobierno ceutí era la de sancionar a la empresa, incluso antes de que hubiese una decisión definitiva sobre el expediente informativo.

El mismo día 3 de septiembre, uno después de que el Gobierno abriese el expediente, Juan Vivas ya declaró que el Ejecutivo tenía previsto imponer sanciones a la empresa “por no haber establecido un sistema de seguridad para prevenir una hipotética caída del sistema”. Un a situación que también cambiaría con la apertura de los dos nuevos expedientes, en lugar del antiguo que, además, agrupaba diversas faltas en un solo texto, lo que también podría suponer vulnerar la reglamentación.