La denuncia sólo personifica la figura del secretario general de Comisiones Obreras de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, como posible autor de un delito contra el honor en el apartado de calumnias con propagación, aunque añade la coletilla de otros.
La misma le pide al juez que investigue si hay más personas y medios de comunicación que puedan haber incurrido en el mismo delito, concretamente la acusación, según ha podido saber ceutaldia.com quiere citar a testificar a Gonzalo Testa de Europa Press y a Javier Sakona del diario Sur. Pero también pide que se investiguen los informativos de emisoras de radio como la cadena COPE y Onda Cero. Y se guardan la posibilidad de ampliar la denuncia en función de lo que den de sí estas indagaciones.
La plantilla del centro ha firmado al completo, todos a excepción de un trabajador, según ha podido conocer ceutaldia.com, este trabajador sería el único, junto a la directora del centro, Carmen Liñán que tiene su plaza en propiedad, el resto serían interinos.
Entre los que han firmado la denuncia se encuentran los delegados sindicales de Comisiones Obreras, CSIF y UGT.
El consejero de Presidencia y vicepresidente del Gobierno, Pedro Gordillo, ha anunciado también que mañana el Consejo de Gobierno tratará el asunto y que con total seguridad dará el visto bueno a la interposición de otra denuncia, en este caso en nombre del Gobierno.
"La Ciudad es la tutora de los niños de ese centro y entendemos que con las acusaciones que se han vertido se ha manchado el nombre del centro, de los niños y también de la Ciudad como tutora, por lo tanto no nos podemos quedar cruzados de brazos”, explicó Gordillo.
Gordillo también se mostró sorprendido por las palabras del abogado de Comisiones Obreras, Aureliano Martín, quien en un artículo de opinión criticaba el hecho de que el Gobierno pusiera a disposición de los trabajadores un letrado para cursar la denuncia hoy presentada.
Gordillo le ha invitado a “leerse el convenio colectivo, que también firmó Comisiones Obreras”. En ese convenio, según ha explicado Gordillo se recoge que la administración local está obligada poner un abogado al servicio de los funcionarios que por motivos de trabajo sean denunciados, como es el caso de los de Punta Blanca.