El Congreso de los Diputados pidió hoy al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que   ocurre en los delitos contra la seguridad vial.    

Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado hoy con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que solicitar nuevas medidas que hasta ahora no han sido incluidas en el texto.    

De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere   oportunas.    

En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.   


Se utiliza poco   
Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica  y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la   imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro (0,89%) fue tenido en cuenta como eximente incompleto.    

Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya   existido violencia de género.   

En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.    

Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque "los servicios jurídicos así lo aconsejaban".    


Llamada de atención a la prensa
El Congreso denuncia que la "cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos (informativos, de entretenimiento, de opinión, publicitarios) que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el   sexismo y dicha violencia".   

Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de   estos casos y temas y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato".    

Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones   igualitarias desde la infancia".    

En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la coordinación de las administraciones y de los profesionales   involucrados en esta lucha.    

Asesoramiento antes de denunciar
En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramientojurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta   decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas.    

También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los ayuntamientos, y que se  flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones por parte de los hombres.    

Del mismo modo, el Congreso solicita que se modifique la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que los juzgados especializados en violencia de género puedan asumir el trabajo de aquellos juzgados compatibles de otros partidos judiciales que estén sobrecargados de trabajo. Es el proceso que se conoce como "comarcalización" o   "territorialización" de los juzgados especializados.   


Más policías
En cuanto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación   de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales,   autonómicos y locales.   

El informe admite el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el empleo en este colectivo.   

La portavoz socialista, Carmen Montón, destacó el "consenso" de la Cámara en violencia de género y recalcó que la Ley, aprobada a finales de 2004, es un "instrumento válido" que necesita profundizar en su desarrollo "antes de hablar de cambios".    

La representante del PP, Susana Camarero, dijo que su formación está "contenta" con las conclusiones de la Subcomisión pero "no del todo satisfecha" porque considera, al igual que CiU, que se deben separar los asuntos civiles de los penales de los juzgados   especializados para evitar mayores "colapsos". También quiere que el sistema de valoración del riesgo de las víctimas "sea realizado por un equipo multidisciplinar y no por una máquina". 

La Fiscalía ha elevado hoy a 30 años de cárcel la petición de pena para Josué Estébanez por el asesinato en 2007 del joven antifascista Carlos Palomino al aplicarle la agravante de "odio ideológico" por considerar que le mató porque "pertenecía a un grupo de ideas contrarias a las suyas".
    La representante del ministerio público solicita para Estébanez las penas máximas previstas para los delitos de asesinato -20 años- e intento de homicidio -diez años- por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2007, cuando agredió con una navaja a Palomino y a otros dos jóvenes que se dirigían a manifestarse en contra de una concentración de extrema derecha a la que supuestamente acudía el acusado.
    En su informe, la fiscal ha expuesto que las pruebas presentadas durante el juicio que se celebra desde el pasado día 14 en la Audiencia Provincial de Madrid acreditan que Estébanez, ex soldado profesional, actuó contra Palomino por "discriminación ideológica", a juzgar por su vestimenta, y las expresiones que profirió.
    Según ha explicado, esto queda probado por algunos datos proporcionados por varios testigos, que aseguraron en la vista que el acusado vestía una sudadera "propia de los neonazis de Madrid", que realizó el saludo fascista y que se dirigió a los jóvenes con el apelativo de "guarros", que es como los miembros de grupos de extrema derecha se refieren a los antifascistas.
    Además, la fiscal se ha referido a una serie de documentos que se han leído en la sesión de hoy a petición de la acusación particular y que recogen manifestaciones de apoyo a Josué Estébanez por parte de grupos de esta ideología, señalando que "lo toman como un mártir de la causa".
    La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, pide 37 años cárcel, al imputar a Estébanez también los delitos de tenencia ilícita de armas y de amenazas.
    Por su parte, la defensa del acusado solicita su libre absolución y, subsidiariamente, una pena de nueve meses de cárcel -que no cumpliría al llevar casi dos años en prisión preventiva-, alegando que en los hechos concurren las eximentes de legítima defensa, miedo insuperable y estado de necesidad.
    Estos argumentos se basan en el relato de los hechos realizado por el acusado, que en la primera sesión del juicio afirmó que cuando el grupo de jóvenes entró en el vagón en el que se encontraba, se sintió "acorralado" y "amenazado" y actuó "para defender su vida".
    La fiscal ha rebatido estas posibles eximentes subrayando que la actitud de Estébanez que se ve en las grabaciones de seguridad del metro es "incompatible con un estado de miedo", ya que el vídeo muestra que preparó el arma, que se colocó frente a la puerta y que no pidió ayuda ni trató de escapar.
    "El miedo lo tenían los demás", ha señalado la representante del ministerio público, que ha indicado que "aunque es cierto que acabó rodeado, no fue porque le rodearan sino por la cantidad ingente de personas que había en el vagón".
    En cuanto a la petición de que se considere que Estébanez actuó en legítima defensa, la fiscal ha sostenido que no puede aplicarse puesto que no existió una agresión previa; a lo que ha añadido que tampoco ha quedado acreditado que hubiera una provocación por parte de Palomino ya que "sólo le dice algo sobre una camiseta que se pone voluntariamente para ir a la manifestación".
    "Este es uno de los pocos juicios en que se tienen imágenes de la mayor parte de los hechos, lo que le dota de una objetividad poco común. Se hace real el tópico de que una imagen vale más que mil palabras", ha concluido la representante del ministerio público.