Todo sigue igual. Un año después de la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, el texto está paralizado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Posturas que se mantienen a día de hoy muy alejadas.
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, apeló ayer al diálogo para llegar a acuerdos y hacer entender que «en España hay agua para todos» y subrayó que «la batalla -del agua- se ganará cuando todos tengan claro que hay agua suficiente para llevar desde donde  sobra hasta donde falta».
«Cuando se presentó el Estatuto, los dirigentes de Castilla-La Mancha confiaban en que el texto prosperaría en tiempo al año que lleva en el Congreso, y eso no se ha conseguido», indicó Valcárcel, que realizó estas declaraciones tras firmar un acuerdo de colaboración con el alcalde de Murcia , Miguel Ángel Cámara, para la ejecución del protocolo de mejora de las comunicaciones viarias del término municipal de Murcia.
El jefe del Ejecutivo murciano explicó que se han puesto en marcha «todos los medios posibles» para paralizar el Estatuto, aunque aseveró que «esto no significa que se haya resuelto un problema, que sólo se solucionará cuando todos seamos capaces de dialogar y llegar a acuerdos sobre proyectos que son posibles». En este sentido, manifestó que la Región de Murcia el Gobierno autonómico se enfrenta tanto a la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura como a la reserva estratégica de agua de 600 hectómetros cúbicos, que calificó de «descomunal».

El rechazo a más trasvases
Por otro lado, el alcalde de la localidad toledana Talavera de la Reina, José Francisco Rivas, resaltó que desde Castilla-La Mancha habrá una «oposición radical»  a que se lleven a cabo más trasvases  Tajo-Segura. «Ni es racional ni sostenible ni posible un trasvase más y habrá una posición totalmente contraria a que actúa así, de esta manera tan salvaje con nuestro río», apuntó Rivas, quien expresó su malestar «con quien toma decisiones alejadas de lo racional y desde luego porque parece inconcebible que desde una comunidad que necesita desarrollo y dinamizarse, estén con la mirada puesta en el pasado más que en el futuro».
Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, consideró «lamentable» que «los responsables políticos del PP de esta región no se atrevan a abrir la boca para defender los intereses de la comunidad», en relación a las palabras  del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, quien calificó de «espectáculo lamentable» y «bochornoso» el texto estatutario de la comunidad castellanomanchega.

La caducidad del trasvase Tajo - Segura
El texto de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha refleja en su disposición transitoria primera el aspecto más polémico: la caducidad del trasvase Tajo-Segura. En el primer apartado recoge que «Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que [...] el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015». En el segundo apartado, el texto establece en cuanto a la sustitución progresiva de los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura «los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que éste sea el fin al que se aplique prioritariamente cualquier recurso generado en la cuenca hidrográfica». En el tercer punto, el Estatuto recoge que el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca hidrográfica del Tajo [...] fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha por la normativa vigente en el momento de la entrada en vigor de este Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables».
 

BARCELONA- El total de 831 páginas del sumario del caso Palau están revelando importantes novedades. Un de ellas es que la trama del supuesto desvío de fondos puede implicar a dos personas más y, aún más importante, el presunto expolio del Palau podría ser de 20 millones de euros, el doble de lo anunciado esta misma semana, diez millones.
Expolio duplicado
Fuentes cercanas a la investigación y al Palau de la Música estimaron ayer que el presunto desvío de fondos podría alcanzar los 20 millones de euros. Las mismas fuentes apuntaron que en la trama judicial aparecerán más nombres implicados y que la falsificación de facturas habría permitido la estafa de la citada cantidad.
El principal imputado, Fèlix Millet en la causa, confesó en su momento una estafa de 3,3 millones, pero esta cantidad podría verse ahora sensiblemente superada. Deberá justificarlo ante el juez el próximo 19 de octubre.
¿Más implicados?
Uno de los escritos incluidos en el sumario, elaborado por el juez instructor del caso, Juli Solaz, señala que la compleja trama puede implicar a más personas. El magistrado se refiere en el escrito a las esposas de Fèlix Millet y del ex director administrativo, Jordi Montull, Marta Vallès y Mercedes Mir, respectivamente.
Estas posibles nuevas implicaciones se basan en que, según un escrito de la Fiscalía, Millet y Montull habrían recibido en el presente año un total de 1.027.184 euros, sin justificar, a través de las empresas Bonoima, Aysen Produccions y Aurea Rusula. Vallès es la titular de las dos primeras, y Mir, de la tercera.
De esta manera, Vallès y Mir pueden ser consideradas responsables civiles en el caso, al ser titulares de algunas de las «empresas pantalla» que sirvieron para el presunto desvío de fondos de las cuentas del Palau. El uso de empresas con una actividad plana fue uno de los recursos supuestamente usados por Millet y Montull en la trama. Ellos dos siguen siendo los únicos imputados. Además, están querellados la hija de montull y ex directora financiera, Gemma Montull y los últimos tesoreros de la entidad, Pau Duran y Enric Álvarez.
La segunda confesión
El otro imputado junto a Millet, Jordi Montull, realizó una primera confesión el 15 de septiembre. Sin embargo, el sumario revela que el 2 de octunre envió al juez un escrito de ampliación de su confesión. En el texto, señala que entre 2006 y 2009 encargó a un empleado del Palau que llevara a cabo una serie de reformas en una casa suya de Teià (Barcelona) y en otro piso del Eixample, también de su propiedad. Montull confesó que pidió que las facturas fueran presentadas al Palau. El coste de estas obras fue de 200.000 euros. 
Dinero negro o efectivo
El sumario también detalla que la Policía Judicial investigó si diversas orquestras extranjeras fueron pagadas en efectivo. Este dinero fue supuestamente retirado de las cuentas del Palau.
En la querella de la Fiscalía se citan operaciones realizadas en 2003, por un valor total de 600.000 euros, presuntamente atribuidas a la retribución de estas actuaciones, sin ninguna factura, ni declaración de IVA ni contabilización. Al parecer, sólo constan recibos a nombre de una empresa que aún no existía en ese momento.
La hija de Millet
La hija de Millet, Clara, también aparece en el sumario. Junto a Gemma Montull, podría haber pedido la clonación de los discos duros de sus ordenadores, que al parecer contenían importante información para la investigación. El problema es que el juez sólo autorizó la copia del disco duro de la secretaria de Millet, Elisabeth Barberà.
La petición de Millet
Pese a ser el presunto instigador de uno de los mayores escándalos de Cataluña en los últimos años, provocando una enorme conmoción, Millet pidió el 1 de octubre declarar ante el juez, porque consideró que estaba en una situación de «indefensión por la gran presión mediática a la que estoy sometido».
 

La fragata española Canarias, que participa en la operación Atalanta  de vigilancia de pesqueros frente a la costa de Somalia, tardará al menos 35 horas en alcanzar al barco "Alakrana", que ha sido  secuestrado por piratas y que se encontraba fuera de la zona vigilada  por los militares. Así lo aseguró en rueda de prensa el nuevo comandante del Mando de  Operaciones (Cmops), el general de División Jaime Domínguez Buj, quiendetalló que el "Alakrana" se encontraba a unas 800 millas de la fragata Canarias y a 413 millas de la Costa de Somalia.

Domínguez Buj explicó que la fragata Canarias se dirige "a toda velocidad" hacia el pesquero español secuestrado, si bien se calcula que tardará unas 35 horas porque entre ambos existe una distancia de  800 millas. Además, el "Alakrana" se dirige actualmente hacia la costa  de Somalia, de la que le separan 413 millas. El Mando de Operaciones está volcado en la operación de rescate,  en la que participan unos 300 efectivos entre los militares que viajan  en la fragata, los desplegados en la zona dentro de la operación  Atalanta y los que trabajan desde España.       

Ataque a las 5.40       
El dispositivo se puso en marcha a las 5.40 de la mañana (hora española), cuando la tripulación del "Alakrana" avisó de que estaba  siendo atacado. Hora y media después ya había "un avión francés y otro  alemán" que se dirigían hacia el barco y en varias ocasiones se había  intentado contactar con el pesquero "sin obtener respuesta". A las 7.36 "todo apuntaba a un secuestro", por lo que la fragata "Canarias" comenzó a navegar hacia la zona del incidente. A las 9.15 se  detectó que el barco comenzaba a moverse hacia la Costa de Somalia. No obstante, no fue hasta las 9.58 cuando el fragata recibió la información del avión desplegado en la zona y que pudo comprobar  visualmente que en el "Alakrana" había al menos dos personas "armadas con rifles". Además, se comprobó que el pesquero arrastraba un esquife  con 15 petacas de combustible, que podría utilizarse posteriormente para  llegar a tierra.       

Fuera de la zona de vigilancia
El general Domínguez Buj destacó que el "Alakrana" estaba fuera de  la zona de vigilancia de la fragata Canarias, en concreto a 800 millas  del punto medio que las asociaciones de pescadores fijaron para los meses de octubre y noviembre. De hecho, el operativo español había alertado en el día de ayer al  barco secuestrado y a otros tres navíos de que estaban alejados de la  zona de control y que en las últimas horas se habían avistado varios  pesqueros somalíes sospechosos. Por ello, se les pidió confirmación de la ruta de viaje prevista  para los próximos días, con el fin de modificar su posición y estar más  cerca en caso de un incidente como el que finalmente se ha producido. Sin embargo, no obtuvo respuesta.       
El general Domínguez Buj evitó dar más detalles de la operación de  rescate por motivos de seguridad, aunque destacó que todos los países  miembros de la operación Atalanta han volcado sus "esfuerzos" para  liberar al "Alakrana". En total, unas 300 personas están participando en el operativo para  tratar de poner fin al secuestro del barco español, en el que viajaban 36 personas de diferentes nacionalidades: 16 españoles (8 vascos, 7  gallegos y 1 un andaluz), 8 de Indonesia, 4 de Ghana, 3 de Senegal,