G. T.
Los abogados de la administración local valoran si, con su rango institucional, el Ejecutivo local podrá solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en caso necesario, al Supremo, el establecimiento de restricciones de libertades fundamentales, como ha abierto la puerta este martes el Consejo de Ministros al conjunto de las comunidades con un Real Decreto Ley.