madrid- El centro de la capital se convertirá el próximo año en territorio hostil para los vehículos. El Ayuntamiento creará una Zona de Emisiones Bajas (ZEB) en la almendra central con el objetivo de reducir al máximo las emisiones contaminantes llegando incluso a prohibir la circulación en caso de superar los niveles permitidos por la Unión Europea.
En la línea de cumplir con la directiva europea de Calidad del Aire, que entra en vigor en enero de 2010, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer un paquete de medidas para mejorar este aspecto. La más llamativa es el establecimiento progresivo de la ZEB, que contará con un protocolo específico para reducir las emisiones en el que se podrán contemplar los cierres parciales de tráfico. El alcance de esta zona incluye la mayor parte de la almendra central limitada al norte por Plaza de Castilla y la calle Mateo Inurria; al este por la avenida de Pío XII, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela y Doctor Esquerdo; por el sur llegará hasta Méndez Álvaro, las calles Bustamante, Ferrocarril y Embajadores, así como por la Ronda de Toledo y la Gran Vía de San Francisco; y por el oeste el límite estará en la calle Bailén, la Cuesta de San Vicente, la plaza de España, las calles Princesa, Alberto Aquilera, Blasco de Garay y Cea Bermúdez, para cerrar de nuevo por Bravo Murillo hasta Plaza de Castilla. Dentro de los barrios comprendidos en la Zona de Emisiones Bajas, el Ayuntamiento podrá limitar la circulación si se superan los niveles de contaminación permitidos. Así, por ejemplo sólo podrían transitar los residentes, o se dejaría circular a todo el mundo pero no aparcar –anulando las plazas azules– salvo a los que vivan en el barrio.
Junto a esta medida, el Consistorio incluirá en las Ordenanzas Fiscales para el 2010 que los vehículos eléctricos o de pila de combustible –los que no son de combustión interna– no pagarán los parquímetros. Gallardón explicó que los propietarios de este tipo de coches contarán con una tarjeta que les eximirá de pagar el Servicio de Estacionamiento Regulado.
Igualmente, se estudiará que los vehículos con tecnologías menos contaminantes, como los híbridos, tengan bonificaciones en el pago de SER. «Para ello se podría modificar el software de los parquímetros», señaló el alcalde quien apuntó que esto se haría tras obtener un certificado técnico del fabricante sobre los contaminantes que emite el vehículo y una homologación municipal.
Al respeto, el Ayuntamiento tiene la intención de plantear al sector del taxi, en el marco de la negociación de la nueva ordenanza del sector, que entre los requisitos técnicos que deba cumplir un vehículo para poder ser homologado, se incluyan los límites de emisión tanto de dióxido de carbono, como de óxidos de nitrógeno (contaminante con los niveles más altos en la ciudad por el mayor número de vehículos diesel en el parque madrileño).
Por último, para mejorar la calidad del aire de la capital, el Consistorio adaptará su Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica a los nuevos criterios de la directiva europea, que marca nuevos criterios de implantación y metodología. Para ello se han basado en un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares que ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico, la distribución de la población, la necesidad de evaluación de nuevos contaminantes, los nuevos requisitos de implantación de las estaciones y un reequilibrio en su proporción.
De este modo, la Red cuenta con un total de 24 estaciones: 12 urbanas de fondo, 9 de tráfico y 3 suburbanas para el Ozono Troposférico, a las que hay que sumar 2 puntos de muestreo adicionales para las partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras.
Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente alertó de los altos niveles de contaminación en Madrid tras recibir diversas denuncias de ciudadanos y realizar diferentes análisis al aire que respiran los  madrileños. Tras comprobar el descenso en la calidad atmosférica, la Fiscalía instó a la Consejería de Medio Ambiente a explicar las medidas que ha adoptado para los casos de exceso de contaminación y los planes para mejorar la calidad del aire.
 

El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a limitar e incluso a prohibir la circulación en una gran parte del centro de la ciudad si la contaminación se dispara hasta superar los niveles máximos establecidos por la Unión Europea a partir del año 2010.
 

       Esta es una de las medidas, quizá la más radical, que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Ana Botella, ha incluido en un plan para alcanzar el cumplimiento de la Directiva 2008/50 de la UE sobre calidad del aire, que entrará en vigor el próximo año.

       Según ha informado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su gobierno, si se va a actuar fundamentalmente contra la circulación es porque la fuente principal de contaminación en Madrid es el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 72% de las emisiones de este compuesto provienen del tráfico: un 57,9% de los turismos, en un 13,6% de taxis y un 11,89% de los autobuses, con una incidencia casi absoluta (98,5%) de los vehículos de gasóleo.

       Por ello se implantará de forma progresiva una Zona de Bajas Emisiones (ZEB) en la que el Ayuntamiento podría decidir que no se pueda aparcar en las plazas azules -para visitantes- o incluso no se pueda circular en absoluto si la contaminación supera los niveles establecidos por la UE.

              Según Gallardón, esas medidas incluyen también la integración de consideraciones medioambientales en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y en la homologación de los coches que puedan ser utilizados como taxis, además de la adaptación de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica a la Directiva, ya en marcha.


       Y todo ello, ha asegurado el alcalde, a pesar de que Madrid "cumple con todas las obligaciones contenidas en la legislación española y europea en materia de calidad del aire", y sus niveles de contaminación "son similares e incluso inferiores a los de otras ciudades europeas".

El primer laboratorio submarino permanente que se pone en marcha en España permitirá estudiar la contaminación acústica y de residuos, los movimientos de los sedimentos y el tránsito marino, en tiempo real, según el proyecto presentado hoy.
       En la sede de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) de Vilanova i la Geltrú se ha presentado hoy el primer laboratorio submarino cableado de España.
       Los investigadores Antoni Mànuel, de la UPC, y Juanjo Dañobeitia, director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, que dirigen los dos grupos de investigación que han desarrollado el proyecto, han recalcado que con este primer paso se abren multitud de oportunidades para la investigación marina y la industria española.
       El OBSEA (Observatorio Submarino Extensible) es un proyecto de la UPC en colaboración con el CSIC que permitirá estudiar desde ligeras variaciones en la temperatura y la salinidad del agua, hasta señales acústicas procedentes de fuentes naturales o antropogénicas, para evaluar la contaminación acústica.
       El nuevo centro de investigación también permitirá notificar la contaminación por residuos y el tránsito marítimo.
       La ventaja principal de un observatorio cableado es que se proporciona energía y un enlace de banda ancha de manera continúa a los instrumentos científicos conectados, lo que permite observaciones de largas series temporales y de alta resolución, además de poder cambiar los parámetros de estudio a conveniencia.
       Estas posibilidades son completamente inviables en otros observatorios autónomos con alimentación de baterías y datos almacenados localmente.
       El OBSEA fue instalado hace dos meses por el barco oceanográfico "Sarmiento de Gamboa", del CSIC, a cuatro kilómetros de la costa de Vilanova i la Geltrú y a 20 metros de profundidad.
       El período de pruebas ha sido exitoso, ya que no se han registrado incidentes en el funcionamiento de la instalación. Además, la zona escogida es un espacio protegido de pesca, lo que permite un acceso fácil para los submarinistas.
       La instalación, que se integra en la Red Europea de Observatorios Marinos ESONET, está formada por dos cilindros, uno de ellos integra la electrónica y el otro la unión con los cables de alimentación del sistema.
       La base marítima tiene tres componentes principales: una cámara IP, que graba imágenes del fondo marino y resulta accesible a través de Internet; un hidrófobo, que registra variaciones acústicas en el medio marino; y un dispositivo que mide la salinidad, la temperatura y la profundidad.
       En un futuro se pretende trasladar este laboratorio a más profundidad y abrir el acceso de la plataforma a una amplia comunidad científica e industrial para realizar observaciones a partir de largas series temporales, además de proporcionar un campo de pruebas para el desarrollo de nuevos sensores marinos.
       El OBSEA ofrece un amplio abanico de posibilidades, ya que sus ámbitos de estudio dependen de los sensores conectados y la localización de la plataforma en el mar.
       La instalación se podría utilizar en la identificación de riesgos geológicos, como la detección de terremotos y "tsunamis", el estudio de fallas sísmicas activas, erupciones volcánicas y desplazamientos submarinos, el estudio de la circulación oceánica, la variación del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos.
       El observatorio puede aportar datos relevantes para el estudio del cambio climático, de las interacciones físicas, químicas y biológicas que afectan los organismos y ecosistemas marinos, los efectos provocados por los medios de transporte marítimo y el tráfico de barcos al puerto.
       La inversión para instalar la base OBSEA ha sido de 300.000 euros, aunque el gasto más significativo es el del mantenimiento de la base, que se calcula en 1,8 millones de euros cada cinco años.