SEVILLA- Andalucía contará con 175 nuevos centros bilingües en el próximo curso escolar, hasta alcanzar la cifra de 694. Las partidas presupuestarias para educación no se verán afectadas por la crisis económica en el presupuesto para 2010, tal y como ha repetido en varias ocasiones el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Sin embargo, pese a ese esfuerzo, aún quedarían pendientes 506 nuevos centros bilingües para alcanzar la cifra de 1.200 al final de la presente legislatura, es decir, en el curso 2011-12. Ése es el compromiso del actual Gobierno, heredado del discurso de investidura del ex presidente Manuel Chaves y del programa electoral del PSOE-A. En los cursos 2010-11 y el mencionado 2011-12, habría que implantar el bilingüismo en más de 250 colegios al año.
Este «impulso al bilingüismo» es una de las iniciativas, concretamente la número 68, que aparece en el documento «Cien iniciativas en cien días», un texto de la Junta que resume la acción del Ejecutivo de Griñán en sus primeros días al frente del Gobierno andaluz. El documento aparece en la página web de la Junta para que cualquier ciudadano lo pueda consultar y el propio Griñán lo presentó el pasado martes, día en el que hizo balance de su gestión. El texto es un conglomerado de proyectos, iniciativas y decretos al objeto de resumir la actividad de las distintas consejerías. Al menos 34 de ellas, son propuestas en las que se está trabajando pero que no están concretadas, por lo que difícilmente se pueden atribuir ya a la acción del nuevo Ejecutivo.
Dos ejemplos en este sentido son el nuevo Acuerdo de Concertación Social y las leyes locales. La medida número 12 se refiere al «pistoletazo de salida» para la negociación entre sindicatos y patronal. Lo que no dice es que se barajó la fecha del 15 de julio para su final; por tanto, en lugar de celebrar el inicio de las conversaciones, en este balance el acuerdo tendría que estar cerrado. El nuevo plazo que ofreció Griñán es el próximo otoño, lo que no impide anunciar en su resumen de «éxitos» el inicio oficial de las conversaciones, porque en realidad, hablar, llevan hablando desde el mes de enero.
El «impulso» a la elaboración de la Ley de Régimen Local y la de participación en los tributos propios de la comunidad, como textualmente dice la medida 59, es la constatación de un retraso. Tendrían que estar para el primer semestre de este año, y la realidad es que en septiembre habrá un dictamen del grupo de trabajo y al final de año estarán en el Parlamento.
Tampoco se menciona el retraso en la financiación municipal, competencia del Gobierno central y que se ha pospuesto para 2011, pero que la Junta asume pese a que en su día votó a favor de que se negociara al mismo tiempo que la autonómica.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha acordado autorizar la prórroga de las bonificaciones a la Seguridad Social, con la misma cuantía y a los mismos sectores a los que se aplica actualmente. Según ha infromado la Delegación del Gobierno, una posible ampliación necesitaría una norma con rango de Ley, por lo que no podrá ser estudiada hasta la constitución de las nuevas Cortes.
La Ciudad, y en concreto su presidente, Juan Vivas, deberá acudir finalmente a la reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia convocada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tendrá lugar el 29 de enero. El encuentro fue solicitado por la Delegación del Gobierno de Ceuta, después de que la Ciudad comenzara a operar algunas de las cámaras de control de tráfico sin el consentimiento de este organismo que vigilar por el adecuado uso de esta maquinaria. Aunque el Ejecutivo defendía que no era necesario acudir a la Comisión para la puesta en marcha del sistema, al menos deberá participar en el encuentro convocado para finales de mes.
El Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria sobre el conflicto colectivo planteado por Comisiones Obreras contra Urbaser por el pago de una gratificación a la constancia. El sindicato denunciaba que la empresa no efectuaba a los trabajadores de fin de semana el pago anual de 75,49 euros para combatir el absentismo laboral que se entregaba a aquellos empleados que no hubiesen faltado un sólo día durante todo el año. Una circunstancia similar a la gratificación por la festividad patronal de 91,95 euros que el Juzgado ya ordenó que se pagase a los trabajadores de fin de semana por demanda de CSI-CSIF.
La Ciudad Autónoma tiene un plazo de dos meses para redactar los convenios que se firmarán con el Gobierno central para la puesta en marcha del acuerdo firmado con el Ministerio de Administraciones Públicas, según ha informado la portavoz Yolanda Bel. Entre estos convenios se firmarán dos con el Ministerio de Trabajo para la aplicación de los 3 millones de euros que se recibirán para la atención a los menores extranjeros no acompañados y la asistencia social.
El Gobierno pretende modificar el texto del contrato de servicio público para obligar a la concesionaria Acciona Trasmediterránea a aceptar billetes de cualquier compañía en casos concretos como los temporales, según ha confirmado el delegado del Gobierno. Esta variación en el texto del contrato es válida ya que en el mismo se incluye la posibilidad de alteración de los términos incluidos.
La empresa Urbaser deberá contratar a personal de la bolsa de empleo en lugar de modificar el horario de los trabajadores fijos para cumplir los servicios especiales, según dicta la sentencia del Juzgado de lo Social que da la razón al sindicato Comisiones Obreras. La central sindical presentó una reclamación por los barridos especiales que se están desarrollando en San José a petición del Gobierno de la Ciudad en un horario distinto al establecido con carácter general para los trabajadores fijos en el convenio colectivo.
