La jueza que instruye el caso Can Domenge ha impuesto una fianza de responsabilidad civil que asciende a 38.558.074 millones de euros al presidente de UM e imputado Miquel Angel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferr (de Construcciones Ferr Tur), y Mario   Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan, adjudicatarias de los terrenos de Can Domenge por un precio muy inferior al del mercado en el concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial.   
   La magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, establece en su auto, al que tuvo acceso Europa Press, que la fianza solidaria va dirigida así a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del   concurso. Además, establece un plazo de 24 horas para que puedan   hacerla efectiva ya que, de sobrepasar este tiempo, se procederá al   embargo de bienes para cubrir las responsabilidades.
Las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la   fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.   
   La resolución judicial señala que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que los   adjudicatarios del concurso, Sacresa Terrenos Promoción y   Construcciones Ferr Tur, pudieron haber incurrido en los delitos de   malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la   administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del   Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el   artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio   de la ulterior calificación de los hechos".   
      Las investigaciones se iniciaron a raíz de la querella interpuesta   por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el   doble que lo aportado por Sacresa, y que precisamente, ha presentado   un escrito ante el Juzgado para solicitar que el procedimiento se   eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente   del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio.