La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decretado este lunes el embargo de dos fincas y cuentas al ex director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero para cubrir su fianza civil de 686 millones de euros y a su sucesor Juan Márquez, otras dos propiedades y sus depósitos bancarios para cubrir 173 millones.

La juez que investiga los ERE falsos cree que "las piezas del puzzle comienzan a encajar" en cuanto al "enorme perjuicio" que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el "negocio" en que se convirtieron las ayudas y el "presunto empecinamiento de la Junta" en tener fondos sin control. En el auto en el que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya insiste en su acusación contra los sindicatos CCOO y UGT, que cobraron comisiones "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno" pues su verdadera aportación era "la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza".

UM Air y Chapman Freeborn deben responder con 6,7 millones de euros

Los plazos de la Justicia son siempre más lentos de lo deseable y para las víctimas de un delito se hacen eternos. Es lo que sienten las familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía. Y eso que ahora el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza ha iniciado el trámite para ejecutar la sentencia por la que la compañía propietaria del avión siniestrado, Ukranian Mediterranian Airways (UM Air), y la contratista Chapman Freeborn GMBH deben indemnizarlas con un total de 6,7 millones de euros.

Madrid- La jueza del juzgado 51 de Primera Instancia de Madrid ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona respecto al asunto de la aplicación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid en el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid y le da un plazo para alegaciones,  pero rechaza la petición de elevar una   cuestión de inconstitucionalidad de dicha norma. La jueza Almudena Maricalva, sobre la que ha recaído por reparto la demanda del Ayuntamiento de Barcelona, toma medidas diferentes a las   que de su colega del juzgado 60 que conoce la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Vacas, que mantiene suspendido   el proceso electoral en la entidad.
En el auto dictado ahora por la magistrada Almudena Maricalva, al que tuvo acceso Ep, especifica   que la parte demandada es la comisión de control de Caja Madrid – responsable del reparto realizado el pasado 2 de octubre de los 64 consejeros del Patronato Real–, pero no la entidad en sí,  como ha hecho Vacas, lo que ha generado también problemas internos entre la   dirección de la entidad y la comisión (dominada por los «aguirristas»),   al plantearse a quién corresponde la representación de las   alegaciones en el proceso judicial.
Por otra parte, la jueza se limita a abrir una pieza separada sobre la solicitud de suspensión cautelar del proceso para su estudio, sin proceder a esta medida de manera urgente. Tampoco admite plantear ante el Tribunal constitucional la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por el Ayuntamiento barcelonés en relación con varias disposiciones transitorias de la ley de cajas autonómica madrileña, que consideraba que vulneraba varios preceptos de la Constitución.
   Por otra parte, la jueza tampoco accede a la petición del ayuntamiento catalana de que se remita su demanda a la causa ya abierta por el Ayuntamiento de Madrid, en base a que son dos procesos con tal conexión que de   seguirse por separado, «podrían dictarse sentencias con funcionamientos y fundamentos contradictorios o incompatibles».

El CGPJ suspende por un año a la magistrada por "abusar de su condición"