Las autoridades federales de EEUU anunciaron hoy la detención de 303 personas en 19 estados en los últimos días como parte de una investigación contra el cartel de las drogas La Familia Michoacana.
       Durante una rueda de prensa, el fiscal general Eric Holder dijo que las detenciones se produjeron entre ayer y hoy, como parte del "Proyecto Coronado", una investigación realizada a lo largo de 44 meses.
       Más de 3.000 agentes y funcionarios de todo Estados Unidos participaron en la investigación, que la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) calificó hoy como el mayor golpe jamás asestado a los carteles de la droga mexicanos.
       En total, las autoridades confiscaron 62 kilos de cocaína, 729 libras de metanfetaminas, 967 libras de marihuana, 144 armas, 109 vehículos, y dos laboratorios clandestinos.
       "Esta acción coordinada policial de EEUU sin precedente, la mayor realizada contra un cartel de la droga mexicano, ha asestado un golpe significativo a la cadena de suministro de drogas ilícitas, armas y dinero en efectivo de la Familia que fluyen entre México y EEUU", dijo Holder.
       Las autoridades estadounidenses responsabilizan a la Familia Michoacana, un cartel fuertemente armado, de buena parte del trasiego de metanfetaminas a Estados Unidos a través de la frontera con México y de contribuir al ciclo de violencia que afecta a ese país.
       Las detenciones se realizaron en estados como California, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Nueva York, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Texas, Nevada y Washington.
       Los detenidos afrontan diversos cargos como conspiración para distribuir metanfetaminas, cocaína y marihuana; distribución de esas drogas; conspiración para importar drogas a EEUU y lavado de dinero, entre otros.
       Según indicó la DEA en un comunicado, "Proyecto Coronado" ha permitido hasta la fecha la detencion de 1.186 personas, y la confiscación de aproximadamente 33 millones de dólares, casi 2.000 kilos de cocaína, 389 armas, 269 vehículos, y dos laboratorios de droga clandestinos.

Sindicalistas, universitarios y líderes de corrientes de la izquierda mexicana se unieron hoy en una masiva marcha en Ciudad de México contra el decreto presidencial que liquidó la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que abastecía de energía eléctrica a la capital del país.

Entre los manifestantes, unos 150.000 segun el gobierno capitalino, trabajadores de LyFC que fue disuelta el domingo pasado por el mandatario conservador Felipe Calderón, marcharon por la avenida Reforma hasta el Zócalo, principal plaza pública de México, donde realizaron un mitin.

En la plaza confluyeron el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, y sus seguidores, legisladores izquierdistas, estudiantes universitarios, campesinos y militantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), entre otros.

También estuvieron los legisladores Rosario Ibarra y Porfirio Muñoz Ledo, así como líderes de la combativa comunidad de San Salvador Atenco, que con marchas echaron atrás la construcción de un nuevo aeropuerto en 2002.

En la caminata estuvo el ex candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien no pudo llegar al Zócalo.

La marcha, seguida por 2.261 policías con apoyo de dos helicópteros, fue la primera muestra contundente que da en las calles el SME  que se opone al despido de los 44.000 trabajadores y la extinción de la empresa, cuyas instalaciones fueron tomadas por agentes federales y son operadas desde el domingo por empleados de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los sindicalistas, a quienes las autoridades responsabilizan en gran parte de la ineficacia operativa y administrativa de la LyFC, fueron apoyados por otras organizaciones de trabajadores, estudiantes y corrientes de la izquierda.

La columna de manifestantes puso en jaque al tránsito de automóviles en la zona centro, por donde en la mañana unos 3.500 campesinos marcharon en rechazo de la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), propuesta por el gobierno del presidente Calderón, como parte de los recortes al presupuesto público de 2010.

La movilización se desarrolló un día después del inicio de la liquidación de los 44.000 trabajadores que tendrá un costo de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.530 millones de dólares).

El líder sindicalista Martín Esparza exigió que se derogue el decreto y propuso a sus seguidores rechazar la indemnización mientras se establece un diálogo con las autoridades federales, las cuales ya han advertido que la medida es irreversible.

Según Esparza, mañana el sindicato y autoridades celebrarán una reunión para analizar la situación de LyFC, además de que pidió al alcalde de Ciudad de México, el izquierdista Marcelo Ebrard, que su Gobierno actúes como mediador.

En un comunicado, Ebrard dijo se establecerá una mesa negociación entre el SME y el Gobierno federal "para alcanzar una solución y garantizar la eficiencia del servicio (...) y los derechos de los trabajadores electricistas", en el que las autoridades capitalinas actuarán como observadores.

Fuentes del Gobierno federal no pudieron confirmar este versión.

Esparza exigió anular el decreto y a cambio el sindicato se compromete a hacer más eficiente a la empresa.

El líder del sindicato de trabajadores de Teléfonos de México (Telmex), Francisco Hernández Juárez, confió en que el Congreso deseche el decreto porque, según él, el Ejecutivo no puede extinguir la empresa sin tomar en cuenta al Legislativo.

El diputado izquierdista Porfirio Muñoz Ledo pidió la salida de Calderón de la Presidencia, convocó a una huelga nacional y exhortó a la población a abstenerse de pagar la tarifa de la luz eléctrica debido a que LyFC no existe más.

LyFC proporcionaba el servicio público de energía en la capital mexicana, 82 municipios del vecino Estado de México, 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, una zona con una población total de 25 millones de habitantes.


El Gobierno, dispuesto a dialogar


El Gobierno federal ha anuniado que establecerá una mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para "explorar alternativas de reinserción laboral y productiva", después de que el Ejecutivo decretara la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Interior) señaló que la mesa quedará establecida mañana viernes y refrendó su "voluntad de diálogo para atender las inquietudes de los ex trabajadores y sus representantes".

La posición del Gobierno federal, encabezada por el presidente conservador Felipe Calderón, se dio a conocer después de la multitudinaria manifestación en Ciudad de México.

En esa manifestación los líderes del SME habían informado de esta reunión "para resolver el conflicto". En tanto, el comunicado de Gobernación señala que la mesa de diálogo es para "explorar alternativas de reinserción laboral y productiva (...) así como para velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores".

Los dirigentes del SME pidieron que el alcalde capitalino Marcelo Ebrard participara como mediador. En respuesta, el Gobierno capitalino informó que uno de sus funcionarios, Héctor Serrano, subsecretario de Programas Delegacionales, participará como observador en la mesa de diálogo.

 

El presidente de México, Felipe Calderón, decretó hoy la liquidación de empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que abastece de electricidad a la capital y al centro del país, y la Policía Federal ocupó las instalaciones de la compañía, tomando por sorpresa a los trabajadores.

Los argumentos esgrimidos por Calderón son que la empresa presenta "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares) y sus costos "casi duplican a sus ingresos por ventas".

En el decreto, el mandatario afirma que desde su creación LyFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".

Esas transferencias, dijo Calderón, entre 2001 y 2008 aumentaron en más de un 200 por ciento.

También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".

Asegura que los trabajadores de la empresa serán indemnizados conforme a las leyes laborales.

Según fuentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la empresa tiene 88.000 trabajadores, 60.000 sindicalizados (de los cuales unos 20.000 son jubilados) y 28.000 temporales o por honorarios.

Horas antes de publicarse el decreto, agentes federales tomaron las instalaciones de LyFC, cuyos trabajadores agrupados en el SME mantienen un fuerte enfrentamiento con el gobierno porque no reconoce a su líder sindical, Martín Esparza.

En defensa de su líder, miles de trabajadores marcharon el pasado jueves por las calles del centro de la capital en dirección a la residencia presidencial de Los Pinos.

Los sindicalistas denunciaron hoy que en ningún momento fueron notificados de la ocupación de las instalaciones de la empresa por parte de la Policía Federal.
 

Protestas de los trabajadores


Los  trabajadores de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se concentraron hoy en la sede del sindicato, mientras sus líderes analizan medidas en respuesta a la intervención de la empresa por parte del gobierno.

Imágenes proporcionadas por Milenio Televisión mostraron a decenas de trabajadores de LyFC en el exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el centro de Ciudad de México, gritando consignas contra las autoridades.

Según la cadena televisiva, entre las personas concentradas hay posiciones moderadas, que proponen esperar unas horas antes de tomar una decisión sobre el asunto, y radicales, que sugieren bloquear inmediatamente la Avenida Insurgentes, una de las arterias de la ciudad.

En un comunicado el SME informó de que las instalaciones de LyFC fueron ocupadas por policías federales poco antes de las 23.00 horas locales del sábado (04.00 GMT del domingo), sin que el sindicato "tenga conocimiento de que se haya exhibido alguna orden de presentación o aprehensión" contra alguno de sus líderes.

"Dicho suceso afortunadamente está transcurriendo sin incidentes hasta ahora por parte de los trabajadores de guardia de cada una de las instalaciones, incluyendo elementos de seguridad que resguardaban los inmuebles afectados", indica el boletín.

Tras la acción de los policías federales, el Gobierno publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que anunció la liquidación de la empresa por sus malos resultado operativos y financieros.

El SME, enfrentado con las autoridades porque no reconocen a su líder, Martín Esparza, alertó en el comunicado de las "graves implicaciones" que la medida puede acarrear a miles de trabajadores y a los millones de usuarios del servicio.

El decreto asegura que el suministro está garantizado y que los trabajadores serán indemnizados de acuerdo a las leyes laborales.

Debido a la "incertidumbre" y a la "poca información" de que dispone, agregó el sindicato, la agrupación de trabajadores tardará unas horas en "fijar una postura" sobre los hechos, que calificó de "cuestionables y desconcertantes".

Al menos 19 muertos es el saldo de una reyerta entre reclusos en un penal de Gómez Palacio, en el norteño estado de Durango, que ya fue controlado por fuerzas del orden, informaron fuentes oficiales.
Jorge Torres, secretario de Seguridad Pública de Durango, dijo a la prensa que hay confirmados 19 muertos y 26 heridos.
 "Fue un enfrentamiento entre grupos antagónicos", dijo Torres, sin dar detalles de qué armas emplearon los reclusos en su riña, pero imágenes de televisión mostraron columnas de humo y a familiares de los reclusos lanzando piedras contra los agentes enviados a la zona.
En este penal de Gómez Palacio hay internos del fuero común y del fueron federal, principalmente delincuentes del crimen organizado, que se disputan el control del penal.
"Lo que sucede en la calle, se reproduce en los penales", dijo el secretario de Seguridad Pública en referencia a la guerra que libran en México cárteles por el control de territorios, mercados y rutas de drogas hacia Estados Unidos.
Según la prensa, el enfrentamiento duró cuatro horas y motivó el despliegue de policías municipales, estatales y federales y soldados del Ejército.
Al penal entraron tanques y dos camiones con policías y soldados, además de ocho ambulancias.
La guerra entre narcotraficantes se ha cobrado en lo que va de este año en el país 4.200 vidas y cerca de 15.000 en los últimos tres años y medio.
El funcionario aseguró que la situación en el penal de Gómez Palacio está relativamente tranquila, pero "no deja de ser una bomba de tiempo" si se mantiene en este centro penitenciario a reos de delitos comunes y del crimen organizado.