Muchas voces críticas han acusado en los últimos tiempos al Gobierno Vivas de convertir el Consejo Económico y Social en un mero órgano de legitimación de las decisiones más polémicas del Ejecutivo local. Y es que la mayoría de las veces, las propuestas de la Ciudad se encontraban tan sólo con la negativa de CCOO y la connivencia del resto de miembros. Una postura contraría a la que parece se sumará en breve el sindicato UGT, según se desprende de las palabras de su secretario general, Antonio Gil, en los micrófonos de RNE. Ante la negativa del Ayuntamiento a aceptar su propuesta sobre un consejo de diálogo social, UGT advierte de que estarán vigilantes para que no se les utilice en otros órganos.

El pleno ha aprobado la propuesta sobre retribuciones del Gobierno, la Asamblea y los altos cargos así como la creación del puesto de asesor del portavoz del grupo parlamentario, con los votos a favor del PP, la abstención de UDCE-IU y la negativa del PSOE. El presidente Juan Vivas ha defendido la propuesta indicando que mantiene el régimen actual con pocas modificaciones, como son la equiparación de sueldos para vicepresidentes y viceconsejeros electos y no electos, lo que supone una subida de entre 1.000 1.500 euros mensuales, según el caso. Además, se incluye una norma por la que la revisión salarial no puede superior al 2 por ciento anual, y en todo caso la cantidad final no puede superar el 1,5 por ciento del presupuesto consolidado. Decisiones que según el presidente permitirán ahorrar una cantidad de poco más de 43.000 euros anuales. Sin embargo, el PSOE ha mostrado su discrepancia, indicando que si la propuesta hubiese sido desglosado quizás tendría el apoyo socialista en algunos puntos, pero que no parece razonable que con la cantidad de problemas que sufre Ceuta, la primera decisión del pleno sea la de subir el sueldo a los políticos.

El Gobierno de la Ciudad seguirá buscando opciones para financiar la restauración del cuartel del Teniente Ruiz mediante una concesión administrativa, pese al informe contrario de la Universidad de Granada, según ha anunciado el presidente Juan Vivas. La Universidad ha indicado que existen problemas jurídicos para utilizar dicho método, aunque el presidente ha destacado que tanto el Ministerio como la Universidad "están de acuerdo en el objetivo de la actuación".