Cualquiera que oiga a los paniaguados del nacionalismo catalán en los últimos meses diría que si el Tribunal Constitucional no se rinde y da por bueno un estatuto anticonstitucional hasta las trancas va a sobrevenir el Apocalipsis.  Parece como si Cataluña entera, ofendida en lo más hondo de su ser, se fuera a lanzar a la calle desgarrada entre el dolor de la afrenta y la tentación de la independencia y así nos situara a un paso del valle de Josafat. Todo mentira, como suele ser habitual en las declaraciones chantajistas que, por naturaleza, brotan del nacionalismo catalán. La verdad es que no pasaría nada. ¿Recuerdan ustedes cuando se dijo que si se ilegalizaba Batasuna ardería Euskadi?  Hubo quien llegó a imaginarse Stalingrado y El Alamein juntos, pero en Mondragón. ¿Y ardió algo? A lo sumo, algún pitillo que se fumó un amigo de Otegui.  ¿Y recuerdan cuando se decía que la Ley de Partidos iba a provocar que la sangre corriera por las calles vascas? Pues sucedió todo lo contrario. La «kale borroka» prácticamente desapareció y ETA se vio contra las cuerdas. A fin de cuentas, cuando se cumple la ley, los maleantes suelen recular.  Seamos sensatos y no nos dejemos engañar por los interesados en vendernos la mula ciega.  El actual estatuto de Cataluña es un bochornoso montaje procedente de una oligarquía que sabe que sólo se puede mantener a costa no de chupar sino de vaciar el bote que llenamos entre todos. Por eso, el sesenta y cinco por ciento de los catalanes no lo refrendó en el referéndum, ya que están tan hartos de las sandeces de los nacionalismos de uno y otro signo que prefirieron irse a la playa.  ¡Que se lo digan al ministro Corbacho en cuyo antiguo municipio ni el veinte por ciento respaldó el engendro!  Se trata de un deplorable espectáculo, dicho sea de paso, que puede repetirse en las próximas autonómicas donde hay posibilidades de que la abstención llegue al sesenta por ciento.  Si el Tribunal Constitucional cumple con su deber de defender la Constitución y liquida el Estatuto no pasará nada.  Nada malo, quiero decir porque cosas positivas habría muchas.  De entrada, los catalanes quizá se librarían de unas nomenklaturas derrochonas e ineficaces que están hundiendo la economía de una región que in illo tempore fue la primera de España.  Acto seguido, los políticos catalanes –si no por decencia, sí por conveniencia– se dedicarían a articular políticas útiles de desarrollo y prosperidad para la región olvidándose de sandeces como esa de la «construcción nacional». Por añadidura, se acabaría esa tensión suicida que los oligarcas del nacionalismo llevan creando con el resto de España desde hace décadas. Es decir, que millones de españoles dejarían de pensar que lo mejor que podría suceder es echar a Cataluña de España y que se las apañe por su cuenta sin vendernos ni un calzoncillo y fuera de la Unión europea.  Finalmente, el TC recuperaría algo de su prestigio y podríamos creer que este sistema va a sobrevivir precisamente porque las instituciones funcionan.  Sé que llorarán aquellos que fueron falangistas o franquistas hace décadas y ahora acercan sus labios sedientos a la teta del presupuesto, pero por ésos no deberíamos preocuparnos. Examinando su biografía de las últimas décadas, se descubre que no les costará encontrar un nuevo pesebre.