Según Dolors Montserrat "la ley fulmina el derecho a escoger una lengua para la educación"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará ante el TribunalSupremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la  propia Ley. 
Así lo ha manifestado hoy el consejero de Inmigración y Cooperación,  Javier Fernández-Lasquetty, quien ha explicado que los servicios  jurídicos de la Comunidad de Madrid han interpuesto el citado recurso  ante dicho tribunal.
La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, acordado por  el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009) permite que las Comunidades  Autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos (como se  produce en los casos de Cataluña y Andalucía), puedan conceder permisos  iniciales de trabajo para los extranjeros.  Según Fernández-Lasquetty, el Gobierno regional considera que las  competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el  ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149 de la Constitución  española, que señala que “al Estado le corresponde la competencia  exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración,  extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de  transferencia o delegación”.  
Por lo tanto, para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el Gobiernonacional ha “quebrantado” el procedimiento que establece el cambionormativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas comunidades autónomas que, en este caso, “supone la ruptura de la unidad  política establecida para regular los flujos migratorios”. 
Pero, además, este traspaso competencial supondría, para el  consejero de Inmigración, un “caos burocrático y un desequilibrio”  entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y  las que no.  En el primero de los casos, el desorden administrativo se produciría  como consecuencia del desdoble burocrático que esta reforma conlleva:  las CCAA iniciarían por su lado los expedientes para otorgar los  permisos de trabajo y, paralelamente, la Administración central  comenzaría otro proceso para conceder los permisos de residencia a  una misma persona extranjera; ambos procesos, hasta la fecha, están  centralizados en el Estado.
En cuanto al desequilibrio regional que esta normativa supondría,  el consejero señala que la concesión de los permisos iniciales de  trabajo estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y que si, el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría  que asumir los gastos de integración.
Fernández-Lasquetty ha afirmado también que el recurso que la  Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo, incide  en el hecho de que el Ejecutivo nacional ha reformado mediante Real  Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería, sin haber modificado  antes la propia Ley; “un paso muy grave”, según el consejero porque  vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía  normativa.
Por último, el recurso presentado por los Servicios Jurídicos de  la Comunidad, excluye expresamente tres disposiciones contenidas en el  citado Real Decreto, que no se refieren a atribuciones autonómicas, sino  que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia  de aquellos inmigrantes que estén en situación de desempleo, cuestión  con la que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo.

La empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la orden por la que se concedía a Nuclenor la renovación del permiso de funcionamiento de la central hasta 2013.

       Al conocerse el pasado mes de julio la decisión del Ministerio de Industria, Nuclenor ya manifestó su intención de llevar a cabo cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas "por una decisión arbitraria y carente de justificación".

       Nuclenor considera que existen "sólidas razones que avalan la continuidad en la operación de la central de Santa María de Garoña hasta 2019". Entre esas razones figuran la situación de la central, "modernizada y actualizada con fuertes inversiones anuales, singularmente a lo largo de los últimos años".

       Además, Nuclenor destaca la apreciación "favorable" que de su seguridad y fiabilidad ha venido haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear y cinco equipos de inspección de organismos internacionales en los últimos doce años

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       Otra de las razones pasa por la disponibilidad de un equipo humano "bien entrenado y fuertemente comprometido con la seguridad", y por la actual práctica internacional de continuidad de las centrales nucleares en operación en países del entorno socioeconómico de España como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Holanda y Francia.

       También subraya la importancia que supondría la continuidad del funcionamiento de la central durante los próximos diez años solicitados en términos de ahorro de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de competitividad de los precios energéticos para nuestras empresas.

       Por último, Nuclenor destaca que "mantiene" su compromiso de operar la central de Santa María de Garoña de forma "fiable, segura y respetuosa con el medioambiente, tal y como lo ha hecho siempre desde su puesta en marcha"