- miércoles 01 mayo 2024
El Congreso de los Diputados pidió hoy al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado hoy con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas catalanes se reservan la posibilidad de presentar un voto particular en el que solicitar nuevas medidas que hasta ahora no han sido incluidas en el texto.
De este modo, los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad. El documento final, elaborado tras la comparecencia de una treintena de expertos, se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.
En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador.
Se utiliza poco
Un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se había considerado eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas y sólo en cuatro (0,89%) fue tenido en cuenta como eximente incompleto.
Por otra parte, los grupos demandan que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. Además, solicitan que no se aplique la mediación familiar en los casos en los que haya existido violencia de género.
En el informe se pide que no se acepte el Síndrome de Alineación Parental (SAP), ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia ni y de los organismos públicos.
Sin embargo, el PSOE ha retirado del texto de las conclusiones su propuesta para que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas con el padre porque "los servicios jurídicos así lo aconsejaban".
Llamada de atención a la prensa
El Congreso denuncia que la "cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos (informativos, de entretenimiento, de opinión, publicitarios) que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el sexismo y dicha violencia".
Por ello, reclama a los medios de comunicación que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo de estos casos y temas y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato".
Por otro lado, según el texto, es necesario que los profesores de los colegios e institutos tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones igualitarias desde la infancia".
En la misma línea, los diputados solicitan que se incremente la formación de los jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales, así como que se mejore la coordinación de las administraciones y de los profesionales involucrados en esta lucha.
Asesoramiento antes de denunciar
En el texto, se propone que las mujeres reciban asesoramientojurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección para que conozcan de las consecuencias que implica esta decisión. Además, se reclama al Ministerio de Igualdad que desarrolle un sistema estadístico que permita contabilizar y visualizar la recuperación de las víctimas.
También se pide incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los ayuntamientos, y que se flexibilice el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones por parte de los hombres.
Del mismo modo, el Congreso solicita que se modifique la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que los juzgados especializados en violencia de género puedan asumir el trabajo de aquellos juzgados compatibles de otros partidos judiciales que estén sobrecargados de trabajo. Es el proceso que se conoce como "comarcalización" o "territorialización" de los juzgados especializados.
Más policías
En cuanto a cuanto a la actuación policial, el informe reclama incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen. Además, pide la aprobación de un Manuel de Buenas Prácticas común a los cuerpos estatales, autonómicos y locales.
El informe admite el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato por violencia de género y la limitada repercusión de las medidas que fija la ley para fomentar el empleo en este colectivo.
La portavoz socialista, Carmen Montón, destacó el "consenso" de la Cámara en violencia de género y recalcó que la Ley, aprobada a finales de 2004, es un "instrumento válido" que necesita profundizar en su desarrollo "antes de hablar de cambios".
La representante del PP, Susana Camarero, dijo que su formación está "contenta" con las conclusiones de la Subcomisión pero "no del todo satisfecha" porque considera, al igual que CiU, que se deben separar los asuntos civiles de los penales de los juzgados especializados para evitar mayores "colapsos". También quiere que el sistema de valoración del riesgo de las víctimas "sea realizado por un equipo multidisciplinar y no por una máquina".
AGENCIAS
El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno este martes que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren una agravante específica y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia machista, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que ha sido aprobado este martes con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque 'populares' y nacionalistas catalanes adelantaron que presentarán un voto particular en la Comisión de Igualdad del Congreso en el que incluir nuevas reclamaciones que hasta ahora no han sido incluidas en el texto.
La subcomisión también ha propuesto que la condena firme por un delito de maltrato conlleve la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas para el agresor.
También defiende que la orden de protección sea extensible a los menores; se opone a la mediación familiar cuando hay maltrato y aboga por la asistencia psicológica a los niños, si es necesario.
Por otro lado, pide más financiación para los recursos sociales destinados a las víctimas y que éstas y sus hijos sean atendidos en centros de atención integral a las víctimas.
Voto particular
La diputada de CiU Mercé Pigem anunció que su voto particular pretende la separación de las competencias civiles y penales en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (la ley integral, aprobada hace cuatro años, unificó ambas).
Por su parte, la diputada popular Susana Camarero explicó que su grupo presentará un voto particular en el mismo sentido que CiU y estudia plantear otro para mejorar la protección y seguridad de las víctimas.
La portavoz socialista, Carmen Montón, adelantó que uno de los mayores logros de la ley fue unificar las competencias. Por tanto, dijo, no se contempla atender la petición del PP y CiU sobre este asunto.
Los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo, que será votado el martes 17 en la Comisión de Igualdad del Congreso. El documento final se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.
PSOE, CIU, PNV, ERC y BNG han anunciado hoy el voto en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación propuesta por el PP para que se considere autoridad pública a los maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones, que sí ha respaldado UPyD.
En el Pleno del Congreso, el portavoz de Educación del Grupo Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha argumentado que es "un clamor social" y una "demanda laboral y sindical" debido a los juicios por agresiones a profesores, "miles" de denuncias recibidas por los defensores del pueblo y los sindicatos y una "recomendación" de la Fiscalía.
Ha añadido que se trata de garantizar el derecho a aprender de once millones de alumnos y el de 650.000 profesores a dormir tranquilos, sin pensar que pueden ser atacados al día siguiente, "en muchos casos impunemente".
"Sin autoridad no hay educación", ha proseguido, lo que no debe confundirse con el autoritarismo, ha matizado, al tiempo que ha reconocido que esta iniciativa no resuelve todos los problemas educativos.
Ha señalado que no es una cuestión ideológica, sino de "sentido común" por la situación de "emergencia educativa".
La portavoz socialista, Cándida Martínez, le ha respondido que tal proposición "atenta" contra la cortesía política, dado que el Gobierno está en vías de negociación de un pacto educativo con las fuerzas parlamentarias, en la que figura esta cuestión.
"Queremos hablar de la autoridad docente, del prestigio del profesorado, de su reconocimiento social en un debate serio y sereno en el marco del pacto que el Gobierno ha ofrecido a las fuerzas de esta cámara", ha precisado.
Tampoco comparte el PSOE la formulación del PP porque "reduce" el concepto de autoridad al "ámbito penal".
Por CiU, Mercé Pigem ha dicho que esta cuestión tiene varias ramificaciones y cuestiones entremezcladas, así que la solución no puede ser lineal.
"Nos piden apoyo (el PP), pero no vamos a poder darlo cuando no predican con el ejemplo; lo que hacen es dinamitar el consenso en educación donde existe, como en Cataluña", ha afirmado Pigem.
En nombre del PNV, Aitor Esteban ha negado que se vaya a conseguir un mayor reconocimiento social de los profesores y que estos recuperen el control del aula considerándolos autoridad pública, ni se aplicarán penas mayores pues la Fiscalía ya insta a que se les considere autoridad pública, el Código Penal protege a los funcionarios públicos y hay una "jurisprudencia incipiente" en este sentido.
ERC ha acusado al PP de querer ganar "la batalla ideológica del miedo" y de pretender derivar los problemas de convivencia hacia los docentes.
El BNG ha interpretado que la iniciativa del PP no se debía a una preocupación real por el asunto, sino a una política de enfrentamiento con el PSOE y el Gobierno.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado que apoyaría por "responsabilidad", pero ha acusado al PP de "oportunismo" y "mezquindad" por negarse a que una iniciativa similar de aquel partido se tramitara conjuntamente con ésta.
Siguiendo los pasos de su padre, Sean Lennon (de 35 años) ha posado para la cámara con su pareja, la modelo Kemp Muhl, recreando la célebre imágen protagonizada por el cantante y Yoko Ono hace 29 años. En aquella imagen, la pareja aparecía tumbada sobre una cama con John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono, vestida.
En esta ocasión los papeles se han invertido ya que Sean figura con ropa y su pareja, desnuda, le abraza a él. Aquella escena capturada por la fotógrafa Annie Leibovitz fue portada de la revista “Rolling Stone”. En este ocasión, la instantánea ha sido realizada por Terry Richardson para la revista “Purple”. Richardson es uno de los fotógrafos favoritos de músicos, actores y modelos. Ha trabajado para firmas de moda y ha retratado a actores como Daniel Day Lewis y Leonardo Di Caprio.
La foto de Leibovitz fue elegida en EE.UU. como la mejor portada de los últimos 40 años por la Sociedad Americana de Editores de Revistas. Se hizo un 8 de diciembre de 1980, en Nueva York. Una hora después de posar para Leibovitz, John Lennon murió a la entrada de su casa asesinado por el fanático David Chapman.
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha remarcado “la vigencia del modelo constitucional y la necesidad de potenciar el sentido de Estado en todas y cada una de las decisiones que se adopten para el futuro de España”, porque, ha afirmado, “el progreso individual de una comunidad es el progreso para España y para todos los ciudadanos”. El jefe del Ejecutivo murciano ha realizado estas declaraciones en el acto institucional del Día de Ceuta, en el que Murcia ha sido la invitada de honor.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha asegurado que las calles del centro afectadas en la actualidad por obras de remodelacion serán "practicables" y contarán "con las medidas de seguridad necesarias" para el inicio del curso escolar el próximo 9 de septiembre. En concreto, el presidente se ha referido a Mendez Núñez, Antioco, Millán Astray, Conrado Álvarez y Mendoza, todas cercanas a centros educativos.