Uno de los componentes más contaminantes de las pilas es el mercurio, que, si no se trata adecuadamente, puede acabar incorporándose a la cadena trófica. También las hay sin este compuesto, pero con otros metales. Sin embargo, y a pesar de que no son pocas las campañas que se han hecho en este sentido, lo cierto es que «en la actualidad tan sólo se recicla entre el 15 y el 20 por ciento de las pilas que salen al mercado en España», según los datos facilitados por la Asociación Española de Recogedores de Pilas, Acumuladores y Móviles.  Y la cifra, a la inversa de lo que sucede con el papel, con los envases y con el vidrio, lleva años sin crecer.
Una de las formas más fácil de reducir esta cantidad de residuos es reducir, la «R» principal. Ello se puede hacer sólo con optar por las pilas recargables. «Cada una de ellas dura unas 300 cargas, según cómo se carguen y se cuiden», explica Carlos Martínez Imaz, responsable de la marca Energizer Iberia- Baterías y Linternas. Pero como «tienen un rendimiento cuatro veces superior al de una pila alcalina corriente, una batería recargable equivale a más de 1.000 pilas de un uso», añade. De modo que si no se pierde, un sola «batería» puede sustituir mil de un único uso y evitar por tanto ese volumen de residuos.

Ahorro económico
Pero además de reducir la contaminación ambiental y el volumen de los residuos, esta opción permite al usuario un ahorro económico. «A corto plazo, las pilas recargables son cuatro veces más caras de media. A medio o largo plazo, son cientos de veces más baratas, 300 veces más baratas si se llega a ese número de cargas», explica Carlos Martínez Imaz.
Por cierto, que algunos cargadores, como el de Energizer, se puede llegar a tardar menos de 15 minutos en alimentar las pilas. Y una vez acabada su vida útil, existen contenedores específicos para estas «baterías», como el de las paradas de los autobuses, donde depositarlas.
 

El Govern, cuyos socios ya hablan de reeditar el tripartito la próxima legislatura, cree que con el pacto en financiación se cumple "al máximo" los preceptos del Estatut, mientras que CiU advierte de que no teme quedarse sola en su rechazo al acuerdo porque entiende que el tiempo le dará la razón.
    El gobierno catalán ha dado hoy su visto bueno al pacto con el Gobierno en materia de financiación porque cumple en su "máxima potencialidad" los preceptos del Estatut y situará a Cataluña 5,6 puntos por encima de la media española a partir de 2012, con una horquilla de rendimiento de entre 3.650 y 4.000 millones de euros.
    En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha confirmado que mañana Cataluña, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), apoyará el acuerdo en financiación, en un foro con representación de todas las comunidades autonómicas.
    Castells, que cree que el Gobierno acabará poniendo en el sistema cerca de 12.000 millones, afronta la reunión de Madrid con el convencimiento de que el nuevo modelo establece una relación bilateral con el Estado sin precedentes ya que Cataluña ha negociado su aportación a la solidaridad, que además le permite reducir 12 puntos respecto del rendimiento que tendría la Generalitat si tuviera el concierto económico.
    Castells interpreta que "si hay alguna comunidad autónoma que estuviese por encima de Cataluña tras la nivelación sin tenerlo que estar, querría decir inequívocamente que hay alguna otra que debería estar por encima que estará por debajo... pero nosotros estamos donde nos toca", 5,6 puntos por encima de la media española.
    De esta forma, el conseller entiende que si una autonomía está por encima o por debajo de la media ya no afectará a Cataluña, sino al resto de CCAA entre sí.
    Precisamente, la Generalitat apoyará el nuevo modelo de financiación porque entiende también que tiene una voluntad de estabilidad, basado en un 97% en la población y que será ajustable de forma periódica, con lo que Generalitat cree que puede proporcionar 'paz financiera' entre las CCAA al racionalizar la solidaridad territorial.
    Como primer efecto balsámico del acuerdo, el Govern reconsiderará el recorte presupuestario de 383,1 millones de euros en sus presupuestos de este mismo año, un pacto cuyo rendimiento irá destinado a reducir el déficit y a mejorar los servicios públicos.
    Un Castells indignado ha reaccionado duramente ante las críticas de CiU porque atacan los "fundamentos" legales del pacto catalán en materia de financiación, y ha lamentado ver a una Convergència que "no está a la altura" y alejada de la centralidad por una "rabieta".
    Además, uno de los portavoces adjuntos del PSC en el Parlament, David Pérez, ha retado a CiU a acudir a los tribunales si considera ilegal el nuevo sistema de financiación por no respetar el Estatut.
    Anteriormente, el presidente de CiU, Artur Mas, confirmó que CiU no descarta llevar la futura reforma de la ley de financiación autonómica al Consejo de Garantías Estatutarias para que examine si efectivamente vulnera preceptos del Estatuto.
    CiU no teme quedarse "sola" en Cataluña oponiéndose al acuerdo de financiación porque tiene el convencimiento de que el tiempo le acabará dando la razón, y ha retado a ERC a explicar de dónde saca las cifras del dinero que dice que recibirá la Generalitat con el nuevo modelo, unas cifras que los republicanos han llegado a situar hoy en 5.000 millones de euros en un baile de cifras que el Govern mira sin dar aún la cuantía concreta que espera.
    Tras la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de CiU celebrada esta mañana, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha confirmado que CiU se mantendrá "firme" en sus posiciones y "no le temblarán las piernas" por seguir rechazando prácticamente en solitario desde Cataluña el nuevo acuerdo de financiación.
    "No es la primera vez que CiU se queda sola frente al resto de formaciones políticas ante una cuestión importante", ha apuntado Duran, que ha recordado su también solitario 'no' a la ley de dependencia.
    Por su parte, el PP catalán presentará una propuesta de resolución en el pleno monográfico sobre la financiación, que se celebrará finalmente la semana que viene (22 y 23 de julio), en la que pedirá crear una "comisión de seguimiento" para garantizar la aplicación del nuevo sistema.