SEVILLA- El Sindicato Unificado de Policía en Andalucía eclama el endurecimiento de la responsabilidad penal del menor para evitar las dificultades en las investigaciones en las que éstos estén implicados. De esta forma, los policías secundan las peticiones de la familia de Marta del Castillo. Además, la demanda es la más significativa de las que han ofrecido  tras la continuas críticas recibidas a su investigación en el caso de la adolescente sevillana. Textualmente, el SUP recalca que «ante el clamor popular pidiendo más eficacia policial y seguridad frente a menores autores de hechos criminales graves, es necesario que se aborde la reforma de la Ley 5/2000». Así, para, el colectivo policial es «imprescindible» rebajar la edad penal del menor hasta los 13 años, coincidiendo con la propuesta parlamentaria que estudia el PP.  Según el SUP, cada vez es más frecuente ver a jóvenes menores de 14 delinquiendo.
Entre las modificaciones prioritarias de la ley, se solicita eliminar la entrevista reservada del menor con su abogado para evitar que éste no actúe con espontaneidad, sin estar mediatiado. Por ello, solicitan,  que ésta sólo tenga lugar al término de la «diligencia de toma de su primera declaración», y no antes.
Igualmente, el Sindicato solicita ampliar la detención del imputado al menos hasta 48 horas. «Las actuales 24 horas facilita la impunidad» porque «no existe tiempo material suficiente para realizar una exploración adecuada».
Los agentes  reclaman tener acceso a los informes elaborados por el equipo técnico a petición del Ministerio Fiscal «sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor». Hasta ahora, no hay obligación de remitir una copia de dichos trabajos a los agentes que investigan cada caso particular. Además, para el SUP es obligado   recalcar la responsabilidad civil solidaria de los padres del delincuente y del Estado. Según, el SUP, «todos sabemos que generalmente las conductas desviadas de los menores vienen precedidas de la pérdida de valores qeu se han descuidado en el seno de la familia. De manera que la responsabilidad solidaria que preconiza la ley es acertada». No obstante, los policías subrayan que, según cada caso, el juez puede moderar esta responsabilidad, ante el fracaso de la socialización de los menores que cometen delitos.