El tribunal de París que está encargado de la demanda del ex director deportivo de Renault Flavio Briatore contra la sanción de por vida impuesta por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por su implicación en el 'caso Singapur 2008' tiene previsto alcanzar un veredicto el próximo 5 de enero. Briatore ha solicitado al tribunal francés que dejase sin efecto el castigo impuesto por la FIA, que le encontró culpable, junto al ingeniero jefe Pat Symonds, de indicar al piloto brasileño Nelson Piquet Jr que se estrellase deliberadamente para facilitar la victoria del español Fernando Alonso.

El italiano resalta como argumento ante el juez que se le había negado el derecho a una libre y justa defensa, y pide además una indemnización de un millón de euros por daños y perjuicios. "Mi cliente únicamente desea poder hacer lo que quiere y recobrar su libertad. Está tranquilo y determinado", señala el abogado de Briatore, Philippe Ouakrat, a la salida de la audiencia.

Según éste, el ex director deportivo de Renault cree que la FIA no tiene derecho a imponer sanciones de por vida y que su sanción no fue dictaminada por un juez imparcial a causa de su historial de enfrentamientos con el ya ex presidente del organismo, Max Mosley. Además, el italiano también critica que todo el caso fue distorsionado y que estuvo parcialmente basado en un testigo anónimo, que nunca fue nombrado.

La Real Federación Española de Fútbol ha decretado la suspensión del partido de la Liga de Segunda División que debía jugarse el domingo entre el Real Betis y el Villarreal B debido a una epidemia de gripe A que afecta a una docena de miembros del plantel bético.

El Betis solicitó ayer formalmente el aplazamiento de dicho encuentro debido a que tenía a 17 jugadores indisponibles, ya que además de los afectados por la gripe cuenta que con algunos lesionados más, y la RFEF le ha comunicado hoy por teléfono su decisión al respecto.

La Federación aún no ha propuesto fecha alternativa pero fuentes del Betis han asegurado que es probable que éste se juegue el 11 de noviembre, ya que hay jornada prevista de Copa del Rey, competición de la que los béticos están eliminados y que el Villarreal B no disputa por su condición de equipo filial.

Una juez de Barcelona ha acordado mantener la suspensión de la autorización al Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) para el referéndum de autodeterminación del día 13, mientras que la protesta falangista prevista para ese día la ha permitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En su auto, la juez confirma la resolución que dictó la semana pasada para prohibir provisionalmente el referéndum, a raíz de un recurso presentado por la Abogacía del Estado, después de que el pasado lunes el Ayuntamiento de Arenys de Munt le expusiera sus argumentos contra la suspensión de la consulta.
En opinión del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, el acuerdo municipal que apoya la celebración de la consulta popular, impulsada por una plataforma ciudadana, "invade manifiestamente competencias reservadas expresamente al Estado por la propia Constitución y, por tanto, la vulneran".
El auto judicial se dedica íntegramente a responder a los argumentos esgrimidos el pasado lunes por el letrado de Arenys, el ex conseller Salvador Milà, ya que el abogado del Estado, el ex candidato falangista Jorge Buxadé, no tuvo ninguna intervención en la vista y se remitió a las alegaciones expuestas en el recurso.
Frente al argumento de Arenys de que el consistorio no convoca la consulta, sino que se limita a facilitar una sala para su celebración, la juez mantiene que el Ayuntamiento sí autorizó en un acuerdo plenario el referéndum y recuerda que éste supone "una invitación al incumplimiento de la ley" porque excede el ámbito de competencias locales.
En este caso, según la juez, "al superar los límites geográficos del término municipal", la consulta no sólo interfiere las competencias estatales, sino las del resto de entidades locales catalanes "que integran el sistema institucional de la Generalitat" y la comunidad autónoma.
En ese sentido, el auto señala el "desinterés de la administración autonómica en defensa de sus competencias" en este caso, comentario que, no obstante, recalca la juez, no ha tenido trascendencia alguna en su resolución final.
Frente al argumento municipal de que los únicos límites de una consulta popular son los métodos pacíficos y democráticos, la magistrada advierte a la corporación local de que los derechos y libertades deben ejercerse en el marco de "las normas sustantivas y de procedimiento".
Para la juez, los ayuntamientos pueden fomentar la participación de los vecinos, "pero siempre que concurran en cada caso los presupuestos jurídicos habilitantes", y el principio de autonomía local que esgrimió el consistorio "no puede invocarse al margen de la Constitución y las leyes".
Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado, precisamente hoy, la razón a la Falange y ha revocado la decisión de la Generalitat de cambiar para el día 20 de septiembre la concentración que esta formación ultraderechista había convocado para el 13 de septiembre en Arenys, en protesta por el referéndum.
En el fallo, el TSJC admite que, ante la coincidencia del referéndum independentista y de la concentración falangista, "el riesgo de enfrentamientos violentos es probable y razonable su suposición", si bien remarca que cambiar la fecha de la protesta no sería "proporcional" puesto que la "desnaturalizaría".
En este sentido, remarca que la Generalitat puede adoptar "medidas limitativas alternativas menos gravosas" para evitar incidentes, "sin olvidar finalmente que durante el desarrollo de los actos la administración debe ejercitar sus potestades de policía en orden al mantenimiento del orden y la paz social".
El departamento de Interior autorizó en un primer momento, el 14 de agosto, la convocatoria ultra, si bien ordenó que se cambiara de emplazamiento por razones de seguridad, aunque finalmente el 2 de septiembre, a petición del alcalde de Arenys, decidió que la concentración se tendría que celebrar el día 20 de septiembre.
Según el TSJC, desplazar una semana la concentración ultra, cuando ya se hubiera celebrado el referéndum, "priva al derecho de reunión de su finalidad legítima esencial, cual es la reivindicación o exposición de ideas de forma pública".