La Ciudad recauda un tercio del coste total anual del precio del agua
Servicios Tributarios percibe seis millones, cuando el proceso global supera los dieciocho millones de euros.
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La teniente de alcalde, delegada de Medio Ambiente de Madrid y mujer del ex presidente José María Aznar, Ana Botella, fue una de las 19 personas que hoy votaron a favor de que el vicealcalde, Manuel Cobo, continúe ocupando la Portavocía del Gobierno local frente a la moción presentada por el concejal Angel Garrido en la reunión del Grupo Popular celebrada esta mañana.
Según informaron a Europa Press fuentes municipales, en la reunión "no se alteró nadie" ni hubo gritos, aunque fue "dura", cuando media docena de concejales, encabezados por Garrido, expusieron las razones por las que, a su parecer, Cobo debía ser cesado, fundamentalmente por sus declaraciones esta semana criticando la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el proceso electoral de Caja Madrid.
El primero en intervenir fue el concejal de Villa de Vallecas, quien "pidió la dimisión de Cobo porque no representaba a los concejales" y calificó al vicealcalde de "impresentable", al tiempo que le acusó de estar "rompiendo el partido". Después, el propio Cobo defendió sus palabras y una decena de ediles más tomaron la palabra tanto a favor como en contra de la 'mano derecha' del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Ante la duración del debate, que se prolongó por cerca de dos horas cuando una reunión habitual de Grupo apenas llega a los sesenta minutos, Gallardón decidió someter a votación la propuesta entre los 32 concejales presentes --faltaban los presidentes de San Blas, Carmen González, y de Moncloa-Aravaca, Alvaro Ballarín--.
A mano alzada, los concejales tuvieron que votar si apoyaban la propuesta de cesión del portavoz municipal, proposición que recibió el respaldo de trece de los ediles: Iñigo Henríquez de Luna (Salamanca), Elena Sánchez Gallar (Hortaleza), Begoña Larráinzar (Latina), Luis Asúa (Retiro), Jesús Moreno (Usera), Angel Garrido (Villa de Vallecas), Joaquín Martínez (Villaverde), Fernando Martínez Vidal (Moratalaz), Luis Miguel Boto (Chamartín), Elena González Moñux (Fuencarral-El Pardo), Isabel Martínez Cubells (Chamberí), Eva Durán (Puente de Vallecas) y Carlos Izquierdo (Carabanchel).
Los otros 17 ediles presentes, más Cobo y Gallardón, respaldaron así la continuidad del vicealcalde, lo que incluye a todos los responsables de áreas de Gobierno. Entre éstos se cuentan tanto Botella como la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, que fue presidenta de la Asamblea de Madrid a propuesta de Esperanza Aguirre en la anterior legislatura.
Al finalizar la votación, Cobo y Gallardón volvieron a tomar la palabra, para pedir a los miembros del Grupo unidad a pesar de las divisiones, especialmente tras la decisión "democrática" de someter a votación un asunto sobre el que el alcalde tiene competencias exclusivas: cesar y nombrar al portavoz del Grupo y del Ejecutivo municipal.
Las mismas fuentes indicaron que a un par de los concejales que tomaron la palabra para criticar la actuación de Cobo "se les hizo un nudo en la garganta, se emocionaron al hablar", mientras que Botella fue la que realizó "la mejor intervención", al pedir a todos sus compañeros de filas que "miren hacia delante". "Estamos aquí para gobernar, cumplir nuestro programa y ayudar a los madrileños. Estamos para trabajar por los madrileños", reclamó la concejala, según las mismas fuentes.
Y dos tercios creen que hay colectivos que evaden impuestos de forma habitual, empezando por los empresarios ¿Defraudas a Hacienda?
Un 33% de los ciudadanos justifica de uno y otro modo el fraude fiscal, especialmente, si es para salir adelante ante las dificultades económicas (28%) y, en menor medida, porque considera que lo normal es evadir impuestos (5%), según el barómetro fiscal de 2008, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que son los profesionales y los parados los que se muestran más proclives a justificar el fraude, con un 35% de los encuestados, frente a los asalariados (29%).
Más aún, un 39% de los encuestados cree que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles. Esa percepción es común a todos los segmentos de ocupación, aunque se aprecia más polarizada entre los profesionales y asalariados.
Con todo, un 59% considera que ha mejorado el cumplimiento fiscal en los últimos diez años, debido a que la mayoría cumple porque le retienen parte de su sueldo, por el incremento del control por parte de la Inspección de Hacienda y, en tercer lugar, por una mayor conciencia cívica.
LOS EMPRESARIOS, LOS QUE MAS DEFRAUDAN.
Por otra parte, aproximadamente dos tercios de los entrevistados considera que existen colectivos que evaden impuestos de forma habitual y continuada, empezando por los empresarios, seguidos a cierta distancia por los profesionales liberales y los autónomos.
De hecho, hasta un 35% de los empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más defrauda. En cambio, existe cierto consenso a la hora de atribuir mayor honestidad fiscal al colectivo de los asalariados.
NO A SUBIR LOS IMPUESTOS
El 83 por ciento de los españoles cree que no se deben subir los impuestos para hacer frente a la crisis económica y la mayoría apuesta por otras medidas de ahorro como la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Así consta en el Barómetro Fiscal de 2008 que elabora el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), según el cual el 52% de los españoles cree que su situación económica personal empeorará a lo largo de este año mientras que el 62% está convencido de que la economía española seguirá cayendo.
Según el estudio, una mayoría de los ciudadanos "cree que todavía existe algún margen de maniobra" del Gobierno antes de plantear una modificación de los impuestos o de las condiciones de los servicios públicos.
El 83 por ciento de la población muestra un grado alto de acuerdo sobre la necesidad de mantener el mismo nivel de impuestos y de servicios públicos y de, al mismo tiempo, emprender una campaña agresiva contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
No obstante, el 81% no cree que se deban bajar los impuestos y hacer que los ciudadanos paguen parte de los servicios públicos ni tampoco quieren una menor imposición que suponga una rebaja de la calidad de dichos servicios.
Los entrevistados para este estudio "se muestran un poco más optimistas" respecto de su situación económica personal que de la economía española en su conjunto.
egún este informe, sólo el 9% de los ciudadanos cree que la economía española mejorará a lo largo de 2009 y, en cuanto a su situación personal, el 12% confía en que será mejor.
Destacan por su pesimismo sobre el futuro de la economía española los ciudadanos de entre 55 y 64 años (75%) y los residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes (73%).
Los más optimistas en este aspecto son los jóvenes y los residentes en ciudades de entre 200.000 y 500.000 habitantes con el 13% y quienes han hecho estudios secundarios superiores, con el 12%.
En relación con la percepción relativa a la situación económica personal, los más pesimistas son los mayores de 65 años (62%), los que tienen un menor nivel educativo (61%) y las mujeres (54%).
Por el contrario, la mayor confianza en su futuro económico la muestran quienes tienen entre 25 y 39 años (17%), los universitarios (15%), los jóvenes (18%) y los hombres (14%).