El proyecto de ley en curso intenta salvar las ilegalidades que se cometen en las clínicas abortistas. Recurre a inculcar la idea de que abortar es un tema de salud, ajeno a la vida del hijo, de forma que su restricción recorta derechos de las ciudadanas.
Este adoctrinamiento empieza a fracasar. Nada más irracional que pretender un derecho a deshacerse del hijo no deseado. Y se ha topado de frente con la ciencia.
Uno: a nadie se le oculta ya que el resultado de la fecundación de gametos humanos es un ser humano en desarrollo.
Dos: el embarazo tiene un efecto beneficioso para la salud psíquica de la mujer y si existen problemas el aborto no es nunca el remedio terapéutico. Por el contrario, la ruptura violenta de los procesos que ocurren en el «cerebro maternal» con el embarazo genera trastornos que minan la salud psíquica y «reproductiva» de la embarazada.
Y tres:  el abuso de las presuntas «graves taras» del hijo ha creado la percepción social de que hay discapacidades con las que no se debe nacer. Algo que supone una grave discriminación a los que nacieron con algún defecto. El deseado «hijo perfecto» no existe, pero para el hijo real existen soluciones terapéuticas o paliativas. Los profesionales pueden hacer del diagnóstico prenatal un seguro de vida para el feto y no una sentencia de muerte.
El aborto no es un acto médico; no se puede obligar al profesional sanitario a obedecer las directrices del Sistema Público de Salud, que corrompen su profesión. Es el Estado, que renuncia a la tutela penal de la vida del no nacido, quien se verá en la obligación de crear un cuerpo de ejecutores. Y los ciudadanos ejercerán, con iniciativas legales, la tutela de asesoramiento, información y la de protección de la mujer embarazada. Algo siempre necesario.