El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, rechazó hoy una propuesta del Gobierno de facto de Roberto Micheletti orientada a que su restitución se defina con base en informes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, algo que calificó de "insultante".
"Nos piden que reconozcamos que no hubo golpe de Estado, no nos vamos a volver a reunir hasta que tengamos una propuesta constructiva y seria", dijo en rueda de prensa Víctor Meza, miembro de la comisión de diálogo de Zelaya.
El diálogo se estancó  de nuevo al pedir la comisión del Gobierno de facto de Roberto Micheletti informes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia que servirían de base para resolver la crisis política del país.
La iniciativa consiste en que ambas instituciones presenten a las comisiones de diálogo de las partes un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado contra Zelaya, el 28 de junio pasado, con el propósito de que sirvan de fundamento a una decisión tomada por ambas representaciones.
Tras la presentación de la propuesta, la comisión que representa a Zelaya se retiró para ir a consultar al depuesto presidente, quien permanece en la Embajada de Brasil desde el 21 de septiembre pasado.  "Estamos esperando la respuesta de ellos, que puede ser por teléfono", dijo a periodistas Vilma Morales, miembro de la comisión de Micheletti.Otro miembro de la comisión de Micheletti, Armando Aguilar, dijo en rueda de prensa que las propuestas de que fueran el Parlamento o la Corte Suprema de Justicia los que definieran el caso, propuestos por Zelaya y el presidente interino, respectivamente, han quedado al margen en las negociaciones.
"Ésas dos propuestas quedaron totalmente al margen porque no hubo acuerdo sobre ellas", subrayó Aguilar.  "La nueva es que retomemos bajo control de la mesa de diálogo la decisión final sobre el problema, pero no lo podemos traer mientras no hayamos arrastrado" las decisiones de la Corte y el Parlamento, agregó. 
El viernes pasado, la comisión de Zelaya exigió que fuera el Parlamento el que definiera su restitución en el poder, mientras que la de Micheletti propuso que lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, lo que no aceptaron ninguna de las partes. 
El Ejecutivo interino alega que Zelaya fue sacado del poder porque pretendía celebrar el 28 de junio una consulta popular para reformar la Constitución, a pesar de que tenía una prohibición legal. 
Además, la Fiscalía le imputa a Zelaya más de una decena de delitos, entre ellos abuso de poder y traición a la patria que el gobernante rechaza y que fueron presentados después del golpe. 
"Yo no he cometido ningún delito, además han falsificado mi firma en una carta en la que dicen que yo renuncié como presidente", comentó hoy al respecto Zelaya, quien reiteró que no confía en Micheletti.
El Gobierno de facto de Honduras también expresó hoy que las "amenazas" de los presidentes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), "es una evidente intromisión" en asuntos internos" del país centroamericano. 
En un comunicado, el Gobierno golpista se refirió a declaraciones de los presidentes de la ALBA en la VII Cumbre de ese foro regional que se celebró el viernes y sábado pasados en Bolivia.   "Las amenazas proferidas por los presidentes miembros del ALBA frente al problema hondureño, es una evidente intromisión en asuntos internos que por su naturaleza no se debe trasladar al ámbito internacional ya que genera evidentes intentos de intervención ilegal y expresiones hostiles, contrarias al derecho y a la costumbre internacional", dice la declaración del régimen de facto. 
Entre otras acciones, los presidentes de la ALBA advirtieron en Bolivia de que no reconocerán las elecciones del 29 de noviembre y se pronunciaron a favor de nuevas decisiones contra el Gobierno de Micheletti, por negarse a entregar el poder a Zelaya. 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la resistencia popular que exige la restitución de Zelaya busca armas en su país, El Salvador y Guatemala, ante la crisis política hondureña.
Esta afirmación ha sido desmentida hoy por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe que apoya la vuelta a la presidencia del pais centroamericano de Zelaya.

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El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya admitió por primera vez este martes la posibilidad de no ser restituido en el poder aunque volvió a insistir en la necesidad de entregar a la justicia internacional a los que participaron en el golpe militar del pasado mes de junio que le expulsó del poder. “Se debe entregar a los tribunales de justicia internacional a la Corte Penal, tanto a los militares” como a los civiles que participaron del golpe de Estado del 28 de junio, y “esa será la condición que se pondrá después de las elecciones, si no me restituyen antes”, afirmó el destituido mandatario.
Zelaya, que permanecía refugiado en la Embajada de Brasil desde su llegada a Tegucigalpa en septiembre, recordó que los comicios propuestos por el Gobierno interino de Roberto Micheletti para el próximo 29 de noviembre son su apuesta para acabar con el conflicto político que atraviesa el país. “Si llegamos a las elecciones sin un arreglo, lo que pasará es que se va a profundizar la crisis, será un gobierno débil, espurio, la comunidad internacional va a continuar el aislamiento a menos que decidan entregar a los tribunales de justicia internacional a los golpistas”, subrayó en informaciones recogidas por ‘La voz de Honduras’.
Respecto a la mesa de diálogo que inició ayer su cuarta ronda entre representantes de Zelaya y de Micheletti, el mandatario depuesto dijo que se escucharán todos los planteamientos expuestos para facilitar “el retorno de la paz y la tranquilidad a Honduras”.
La reunión entre las partes culminó tras haber alcanzado el 90 por ciento de los puntos expuestos en el Acuerdo de San José elaborado por el presidente costarricense y mediador del conflicto, Oscar Arias, aunque los negociadores se detuvieron en el sexto punto relativo al regreso al poder de Zelaya.