“En pro de la transparencia y la legalidad lo que vamos a hacer es poner en manos de la Fiscalía toda la documentación para que diga si eso es conforme a derecho o no”, explicó el lunes, el líder de la oposición, Mohamed Alí.

Aunque esperan que la Fiscalía aclare que es lo que ha sucedido en Martín Cebollino, Alí tiene su propia opinión: “Nosotros consideramos irregular que se concedan licencias sin modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y máxime cuando este portavoz acudió a una comisión informativa en la que el técnico de Fomento informó que no se podían conceder licencias en la zona sin modificar puntualmente el PGOU”.

Y a pesar de que el propio técnico de Fomento expresaba esa opinión y de que una sentencia judicial anuló un estudio de detalle y exigió de la Administración Local una modificación del PGOU para poder actuar urbanísticamente en la zona, lo cierto es que el Gobierno ha concedido licencias.

“Nuestra sorpresa es que encontramos que se habían concedido licencias en la zona sin modificar puntualmente el PGOU, a pesar de haberse acordado por un Tribunal de Justicia que el estudio de detalle es nulo y se necesita una modificación del PGOU”, aclaró Alí.

El Gobierno discrepa de la opinión de Alí y ya explicó en su día que las licencias concedidas no corresponden al ámbito definido por la sentencia judicial sino a otro distinto, el que se encuentra dentro del PERI de Recinto Sur, el mismo al que está acogido el Polideportivo de Recinto Sur o la nueva sede de la Seguridad Social.

Ahora será la Fiscalía la que dé o quite la razón al Ejecutivo.

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