Hace algo más de cuatro años, en pleno verano de 2006, dos policías locales sintieron “el deber” de informar a la Consejería de Gobernación, que dos días después remitió su informe a la de Fomento, en aquel momento liderada por José Antonio Rodríguez Ferrón y menos de un año después por Juan Manuel Doncel, de las “numerosas” denuncias que recibía el 092 de los residentes en la plaza Alcalde Ricardo Muñoz “por los ruidos que se producen en la zona perturbando el descanso de todo el vecindario de las inmediaciones y lo más importante, la existencia de riesgo grave para la salud de las personas”.

Ambos agentes “en el ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las mismas” dieron detallada cuenta de las “múltiples deficiencias” advertidas en dos establecimientos hosteleros, causa, según su versión, “del incremento ostensible de las denuncias por ruidos”.

El dictamen policial instaba al Gobierno presidido por Juan Vivas a “obligar” a los propietarios de los locales a un “aislamiento acústico global” y a disponer de vestíbulo acústico con doble puerta, así como a exigirles “instalar un equipo limitador-controlador que permita asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna circunstancia las emisiones de sus equipos de reproducción musical o audiovisual superen los límites admisibles en el interior y el exterior”.

El documento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, pedía igualmente que se haga cumplir “el horario de cierre de los establecimientos” y “adoptar las medidas necesarias en aras de impedir el consumo de bebidas fuera del establecimiento una vez concluido el horario de terrazas de veladores”.

Para terminar los policías reclamaron la “suspensión temporal de las autorizaciones o licencias para el ejercicio de la actividad o cualquier otra medida necesaria para impedir la continuidad de la acción productora del año por la instalación de terrazas, ya que con esta medida se eliminará un 50% de los ruidos que se originan en la zona”.

Dos licencias más

Los responsables de Fomento no sólo no atendieron tal indicación, sino que Doncel otorgó en 2007 y 2008 otras dos licencias para terrazas, según las fuentes cercanas al caso consultadas por este diario, actuación que sustenta en parte el que el Juzgado de Instrucción número 4 haya decidido imputarle por los presuntos delitos de prevaricación por acción y omisión y de contaminación acústica. La Policía Local también sugería “declarar la zona centro de la ciudad como ‘Zona Acústicamente Saturada’ para aplicar las medidas correctoras dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica” y “adaptar la Ordenanza de Ruido existente a la Ley 37/2003 del Ruido”. El sumario del caso que se instruye y que ya cuenta como imputados con dos empresarios, Ferrón, una técnico de Fomento y Doncel revela que poco o nada de lo propuesto por los policías locales se puso en práctica.

La Ordenanza de veladores de la Ciudad publicada en 2000 indica que las licencias de veladores son “anuales con prórroga tácita” pero la acusación entiende que al obviar “las innumerables denuncias y constataciones de la Policía Local” y al seguir renovándolas “sin hacer nada para impedir los daños a la salud y a otros derechos fundamentales” el actual secretario general del PP de Ceuta “presuntamente dio licencias injustas que vulneran derechos fundamentales conociendo perfectamente esta vulneración”.

Informes médicos independientes acreditan en el sumario del caso que algunos vecinos de la mencionada plaza padecen “trastornos del sueño, síntomas ansiosos y depresivos; alteraciones de la tensión arterial; cambios del comportamiento, problemas cognitivos y de rendimiento diurno” que “tienen una relación de causa-efecto con los ruidos existentes en su domicilio”.

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