El 24 de mayo de 2005, tras un animado debate parlamentario entre Francisco Antonio González Pérez y Salvador de la Encina, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (TCu) aprobó pedir a este órgano un Informe sobre “la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión de la Ciudad Autónoma de Ceuta” entre 2002 y 2004. Su resultado se ha conocido ahora, justo al mismo tiempo que el informe ordinario de 2005, y dibuja un panorama desolador de los cuatro primeros ejercicios de Vivas al frente del Gobierno ceuti.

Durante esos cuatro ejercicios y después de analizar sólo un 20% de todos los procedimientos administrativos realizados por la Ciudad, pero a fondo, según ha reconocido el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, el órgano fiscalizador ha encontrado un extensísimo abanico de irregularidades: contratos aceptados “sin amparo legal”, “deficiencias generalizadas” en la tramitación de concursos públicos, irregularidades múltiples en la gestión de Personal, excesiva facilidad para conceder subvenciones y concertar convenios en lugar de concursos, frecuente fraccionamiento de contratos, afán de inmiscuirse en las relaciones laborales de algunas de sus contratas...

El anteproyecto de los dos informes, con casi 500 páginas aún a expensas de su trámitación parlamentaria, ha generado tal polvareda nada más conocerse públicamente que Márquez no tardó ni doce horas en salir al paso de la polémica ante los medios. Lo hizo para lamentar el retraso acumulado por el Tribunal en su redacción, para subrayar lo mucho que ya ha corregido de entre lo denunciado el Ejecutivo del PP y para dejar claro que no existe “ningún alcance contable”, esto es, “ningún fraude ni ningún desfalco”, tras dichas irregularidades.

Algunas de esas deficiencias hacen, sin embargo, que la oposición lo dude. Para muestra, varios retales:

“Sin amparo legal”

La disposición del Gobierno ceutí a aceptar modificados de obra y, por ese camino, multiplicar el precio final de distintos proyectos ha sido objeto de crítica frecuente por parte de la oposición esta legislatura. No es un vicio nuevo, según consta en los dos informes ahora publicados.

Sí es excepcional, sin embargo, que el TCu se atreva a afirmar en el de 2005 que determinadas actuaciones carezcan de “amparo legal”. Es lo que sucedió con el contrato adicional del aparcamiento subterráneo de la Gran Vía que se adjudicó “sin publicidad ni concurrencia” por 118.000 euros en un expediente que se inició “a petición del contratista” principal de la obra.

“Se incluyeron”, deja patente el Tribunal, “actuaciones como la instalación de un sistema de control de accesos [...] sin que consten las razones por las que estas obras no fueron tenidas en cuenta en la redacción del proyecto originario de los aparcamientos”.

Suministros sin recibos

Cuando una Administración contrata un determinado suministro debe acreditar, entre otras muchas cosas, que recibe lo que ha comprado. No parece que el Ejecutivo de Vivas lo haya tenido siempre claro. El TCu analizó dos contratos de adquisición de vacunas contra la Hepatitis A infantil y contra la Meningitis C en los que no solo no se dejó claro ni el plazo total de ejecución ni la duración del contrato, “sino que se fijaron, únicamente, unos plazos para atender a los pedidos que se realizasen”. “Requeridos los documentos acreditativos de la correcta ejecución de uno de los contratos, se ha aportado un escrito emitido para la devolución de la fianza pero no el acta de recepción, expresamente requerida y preceptiva a tenor de lo dispuesto” en la legislación y el contrato, explica el TCu sobre un caso que recuerda a los sucedido en Gobernación en octubre.

Suelo para vivienda libre

El Ejecutivo de Vivas asegura que aprendió la lección de lo que le dijo el Tribunal sobre lo que se había hecho mal en el periodo 1998-2001. No en todo. El 15 de noviembre de 2000 el Pleno aprobó la desafectación de varios solares del patrimonio municipal (ubicados, entre otros espacios, en el Paseo de las Palmeras, la plaza de la Marina Española y Recinto Sur) y acordó su enajenación para la construcción de viviendas libres, tal y como hizo después el Gobierno de Vivas.

“Como ya se puso de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas de la Ciudad Autónoma para los ejercicios 1998-2001”, recuerda ahora el TCU, “este acuerdo vulneró lo dispuesto en la legislación, que impone el deber de destinar los bienes de dicho patrimonio a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social”.

El embrollo de nóminas

Según el consejero de Hacienda el Tribunal de Cuentas ha constatado que la Ciudad paga en regla sus nóminas. De la lectura de sus informes no se extrae la misma conclusión cuando se analiza el abono de retribuciones complementarias.

“Se ha comprobado que, integrados dentro del complemento específico, se satisfacen hasta 16 conceptos retributivos de naturaleza diversa”, dice el dictamen de 2002-2004. “Esta dispersión normativa, unida al hecho de que no exista una RPT”, concluye, “ha dificultado y en algunos casos impedido, la comprobación del derecho de los trabadores seleccionados a la percepción de determinados conceptos, así como, la verificación de la corrección del cálculo de las cuantías satisfechas”.

Además, se advierte de que “no se ha establecido ningún procedimiento de validación de las variaciones anuales aplicadas por la habilitación de la Administración Autonómica” a los salarios del funcionariado y de que “en las comprobaciones realizadas sobre los procedimientos implantados para la justificación de las horas extraordinarias satisfechas al personal laboral, se ha constatado que en algunos casos no consta soporte documental de su autorización previa, según prevé el convenio colectivo, salvo en supuestos de carácter urgente o excepcional”.

Contratos menores

El fraccionamiento habitual de contratos para eludir concursos públicos que se detectó al ex consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez, cuando se investigó su gestión tras cesarle tampoco es algo nuevo.

“Se ha observado una práctica consistente en el fraccionamiento injustificado del objeto de contratos, de forma que las cuantías derivadas no superen las establecidas en la normativa para los contratos menores, eludiéndose así, indebidamente, las actuaciones preparatorias, de tramitación de los expedientes y de adjudicación mediante formas y procedimientos con publicidad y concurrencia general, propias de los contratos mayores”, critica el TCu. La gestión de las partidas de Publicidad son, aquí, un ejemplo palmario: “La mayor parte de estos gastos se han tramitado como contratos menores, y por lo tanto sin publicidad y concurrencia, dándose la circunstancia de que en el periodo se han concentrado en dos proveedores con los que se ha contratado el 75% del coste total”, reseña.

¿Obras de emergencia?

No sólo la multiplicación de contratos menores genera suspicacias. Los mayores, también. El TCu alerta en sus informes de que “se aprecian deficiencias generalizadas en las actuaciones preparatorias de los contratos de obras” y de que el Gobierno utiliza “indebidamente” el procedimiento de emergencia para contratar.

“Deberían establecerse los criterios de adjudicación con mayor claridad y precisión y especificarse también los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos” para que todas las empresas interesadas en cualquier licitación “puedan conocerlos” para preparar sus ofertas, en cuya valoración el TCU solicita a la Ciudad que valore las bajas económicas “aplicando los baremos establecidos para este criterio en toda su extensión, así como regularse la apreciación de temeridad en las bajas como una presunción a resueltas de las justificaciones que los licitadores puedan presentar y en función de las bajas medias”.

Puertas abiertas

El controvertido proceso de “consolidación de empleo” puesto en marcha hace apenas un mes en la Asamblea por Márquez tampoco es un procedimiento nuevo. El texto del TCu parece señalar un antecedente claro sobre las particulares formas que usa el Gobierno local de meter personal en la Administración. “El proceso de funcionarización del personal laboral aprobado por el Gobierno de la Ciudad en febrero de 2003, que supuso el nombramiento de 196 nuevos funcionarios, se realizó mediante una convocatoria masiva que afectó a múltiples categorías y puestos de trabajo, sin ninguna planificación, ni memoria o estudio previo sobre su impacto presupuestario y financiero”, relata el Tribuanl, que concluye que “supuso en la práctica un mero trámite administrativo para los empleados funcionarizados”.

“En numerosos expedientes de contratación, no consta la justificación de la necesidad de su objeto para los fines del Servicio público o, cuando figura el informe requerido a estos efectos por la normativa, su contenido carece de un nivel de concreción razonable”, lamenta sobre otras incorporaciones.

Manga ancha

El Tribunal critica, además, que la Ciudad gestiona con demasiada soltura la concesión de subvenciones y la firma de convenios: “La mayoría de los convenios celebrados entre la Administración General de la Ciudad y particulares tuvieron como objeto subvencionar actividades genéricas y no singularizadas, lo que implicó que, posteriormente, se admitieran algunos justificantes por conceptos muy diversos e implica una falta de rigor en el control de la aplicación de los fondos a actividades de interés público”, critica.

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 Consulte, íntegros, los anteproyectos de los dos informes del Tribunal de Cuentas:

- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005