El juicio del Caso Emvicesa ha quedado visto para sentencia. Tras más de un mes desde el inicio de las sesiones, la vista ha llegado a su fin con los informes finales de las defensas del exgerente de la sociedad municipal, Antonio López, y de los expolíticos Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí.

La sesión se ha cerrado con la intervención del letrado de López, José María Calero, quien ha dedicado su exposición de conclusiones a negar la viabilidad de la acusación que sitúa a su representado como líder de una trama dedicada a traficar con vivienda pública. El abogado ha censurado el comportamiento de la Fiscalía durante el proceso, al tiempo que ha tratado de desacreditar los testimonios de los acusados de cohecho que han señalado a López como el receptor del dinero que presuntamente pagaron para tener acceso a una vivienda pública. Parte de este descrédito lo ha fundado en las dudas que ha sembrado sobre la credibilidad de los acusados que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para ver rebajadas sus penas. El abogado ha cuestionado el comportamiento del Ministerio Público, sobre el que ha dejado caer la duda de si podría haber incurrido en una desviación de poder.

Reproches a la Fiscalía

Calero ha criticado la oferta del Ministerio Público a los acusados por cohecho para rebajar sus penas a cambio de incriminar a Antonio López. El letrado del principal acusado en el Caso Emvicesa ha censurado que estos acuerdos se formalicen al margen del conocimiento del tribunal y previo pacto de que los beneficiarios rehusasen declarar ante la representación de López.

«Cuando se pasa de nueve años a nueve meses de pena, llama la atención –ha asegurado Calero- Una práctica habitual que merece toda la corrección: el fiscal dispara la pena en conclusiones provisionales para, cuando llega el día antes de juicio, tener margen para negociar con los coacusados».

El letrado ha reclamado al tribunal que anule las pruebas derivadas de las declaraciones tomadas en instrucción, obtenidas en condiciones que ha puesto en duda, y el careo entre López y el intermediario Mohamed «El Portuario», en el que el exgerente de Emvicesa guardó silencio. «¿Es posible celebrarlo si uno de los dos, en ejercicio a su derecho no declarar, manifiesta que no quiere hacerlo, tiene sentido?», ha opuesto Calero.

La versión del "rumor"

El señalamiento de Antonio López como cabecilla de una trama de adjudicación irregular de vivienda pública fue el resultado de un rumor promovido en una ciudad como Ceuta donde los comentarios sin contrastar adquieren una dimensión especial y alimentado por una instrucción judicial prejuiciada. Esta ha sido la versión defendida por Calero.

Lo que podría bautizarse como «tesis del rumor inflado» habría nacido, según Calero, en el ambiente de insatisfacción que se genera entre las personas que no resultan beneficiadas en los procedimientos administrativos de adjudicación de una vivienda de protección.  «Hay 3.000 y pico que piensan que pueden llegar a tener una casa y al final no la tienen», ha argumentado el letrado. Según su relato, este estado de opinión habría alimentado la idea de que en estos procesos de adjudicación se habrían alentado «chanchullos».

El clima, de este modo, habría sido el propicio para acabar señalando a Antonio López, el gerente de la empresa municipal de vivienda: «Todo el mundo piensa que el patrimonio, el Porsche y la apariencia de López procede de esto».

El siguiente episodio, según la versión de Calero, sería la irrupción de una juez de instrucción decidida a escudriñar «hasta la última cuenta corriente» del exgerente de Emvicesa y de su familia. Un sucesión de acontecimientos que acabariann con unas conclusiones provisionales de la Fiscalía que solicitarían para López una pena de 26 años de prisión. «Más que para Miguel Carcaño», ha apuntado el letrado.

Calero ha censurado la falta de contradicción durante todo el proceso de instrucción, algo que ha obrado en perjuicio de su defendido. El abogado ha insistido en haber acreditado suficientemente la legalidad de todos los ingresos y el patrimonio de López, a quien ha calificado como un «tipo especialmente habilidoso para los negocios».

La Fiscalía solicita para López 5 años de prisión por un delito de falsedad en documento público, 5 por cochecho, 3 por blanqueo de capitales y 9 de inhabilitación por prevaricación.