La parte empresarial de la comisión constituida este 15 de septiembre para abordar la cuestión relativa a las bonificaciones lo tiene claro: "El nuevo escenario supone un problema para Ceuta". Según el hoy representante de la Confederación de Empresarios, el nivel de exclusiones de la actual norma es tal que "su adaptación es completamente imposible". "En la práctica, no se puede aplicar; lo estamos viendo con las últimas contrataciones", aducía.

El fin último de este primer encuentro no era otro que "determinar cuál va a ser la unidad de acción". Por fortuna, el consenso ha imperado: "Se ha determinado elaborar un documento técnico con el que poder hacer fuerza ante el Gobierno central". Dado que "la situación es totalmente anómala y perjudicial", patronal y sindicatos han convenido en que la única solución posible pasa por "revertir el escenario que tenemos ahora".

Aunque aún no hay certezas sobre las posibles consecuencias que el nuevo real decreto llevará aparejado, los pocos datos de los que ya se disponen son -en palabras de Juan Manuel Parrado- "totalmente desesperanzadores". "Sabemos de empresas que han contratado recientemente y que no pueden aplicar las bonificaciones por motivos de temporalidad, por incertidumbre o por falta de garantías jurídicas", explicaba el segundo de a bordo de la CECE.

En la misma línea que su homólogo de la entidad que preside Arantxa Campos, Antonio Barranco ha señalado que el nuevo régimen "es inaplicable". Al igual que hiciera Emilio Postigo al término de la reunión, el CEO de Hélity ha aclarado que "hay unanimidad", pero "no para modificar la norma, sino para derogarla".

Las primeras métricas facilitadas por SEPE y Seguridad Social han servido para constatar -decía Barranco- que "las contrataciones efectuadas a partir del 1 de septiembre no van a ser bonificables", lo que no deja a los empresarios caballas ni la más mínima duda de que "la medida atenta gravemente contra el empleo".

"Esto asusta a cualquier inversor, tanto a los que ya están como a los que puedan venir en el futuro", auguraba el máximo responsable de la compañía de helicópteros, que aseguraba que ya ha habido quien ha dado marcha atrás: "Algunas asesorías han recibido llamadas pidiendo que se parase todo el proceso de traslado a Ceuta".

La unidad es total; tanto, que "nadie hará nada sin el beneplácito del resto de miembros de la comisión". "Todos estamos completamente de acuerdo en volver a lo que teníamos antes", detallaba Barranco. La clave para lograr tan engorrosa pretensión radica en el documento que se remitirá a Moncloa en próximas fechas. Este contendrá "todos los motivos" de una petición que, lejos de ser "un capricho", podría constituir la piedra angular del más inmediato futuro de Ceuta.

Pese a que solo llevamos quince días sumidos de lleno en el novísimo sistema, empleadores y sindicalistas no descartan alentar movilizaciones en caso de que la Administración central haga oídos sordos a sus reivindicaciones y, por extensión, dilate la problemática en el tiempo. "Vamos a ser contundentes", advertía Barranco.