Aróstegui preguntará a Márquez por sus acuerdos "privados" con Acciona para pagar las VPO del Hacho


Aróstegui preguntará a Márquez por sus acuerdos "privados" con Acciona para pagar las VPO del Hacho

- El localista denuncia que la Ciudad pagará 900.000 euros a la constructora con el aval del Estado tras asumir una 'revisión de precios' por valor de 1,9 contra el criterio de los técnicos

- La coalición también interrogará al Ejecutivo por qué se negó posteriormente a cumplir su pacto, obligando a la empresa a recurrir a los juzgados, de los que salió ganadora

El diputado de Caballas en la Asamblea Juan Luis Aróstegui preguntará el próximo lunes en el Pleno Ordinario del mes de abril al Ejecutivo local por qué ha reconocido a través de un documento privado una deuda de 1,9 milones de euros en concepto de revisión de precios "sin informes técnicos ni jurídicos que avalen tal circunstancia" a la empresa Acciona Infraestructuras por las obras de las 86 viviendas de promoción pública del Monte Hacho.

En el argumentario de su iniciativa parlamentaria, el localista explica que el Plan de Pago a Proveedores incluye una deuda "superior a 900.000 euros" como consecuencia de una sentencia judicial en la que se reconoce una 'revisión de precios' a favor de la citada empresa. "Del expediente se deduce que la sentencia desfavorable encuentra su argumentación en un 'documento privado' firmado por el consejero de Hacienda, Francisco Márquez con la compañía el 30 de noviembre de 2008 en el que se reconoce expresamente la existencia de una deuda de 8,6 millones de euros, 1,9 correspondientes a una revisión de precios", completa Aróstegui.

"Este documento", amplía, "que además recoge un calendario de pagos, no se encuentra acompañado de informe alguno, aunque en el expediente sí figuran al menos dos informes que cuestionan la procedencia de la revisión de precios, y en los que se hace referencia a la obligatoriedad de computar 'las penalizaciones' para obtener el resultado de la liquidación final".

En uno de los informes aparece cuantificada la penalización en "alrededor de 2,5 millones de euros", pero posteriormente el Gobierno de Vivas se negó a cumplir el citado acuerdo, "obligando a la empresa a entablar las acciones judiciales que le resultaron favorables". Aróstegui también interpelará al Ejecutivo para saber por qué optó por ese camino.

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