ENMIENDA DE CABALLAS

El Pleno negocia un pronunciamiento unánime sin "argumentario partidista" sobre la crisis catalana

El Pleno negocia un pronunciamiento unánime sin "argumentario partidista" sobre la crisis catalana
Vivas y Carreira, con Aróstegui y Ali.
Vivas y Carreira, con Aróstegui y Ali.  

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha suspendido este lunes el Pleno extraordinario convocado para debatir una iniciativa del PP sobre la crisis catalana con el fin de negociar durante 20 minutos un acuerdo que permita adoptar un pronunciamiento institucional unánime sobre "un asunto de incuestionable importancia y trascedencia para España y para Ceuta".

Vivas ha tomado esa decisión tras recibir una enmienda del PP a su propia propuesta de contenido exclusivamente formal y otra de Caballas que aboga por retirar el "argumentario partidista" de la iniciativa de los de Rajoy, que a ojos de los localistas solo busca ocultar y "blanquear" la "nefasta gestión" que se ha hecho del problema catalán.

La propuesta localista pasa por limitarse a "mostrar nuestro apoyo a la Constitución y a las instituciones del Estado como garantes de derechos y deberes de todos los ciudadanos de esta Nación en su conjunto como salvaguarda de unión y armonía de todos los territorios de España".

También "mostrar nuestro apoyo y cercanía con los integrantes de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el cumplimiento de su mandato constitucional de mantener el ordenamiento jurídico". Finalmente, los localistas proponen cerrar el acuerdo con una llamada a "instar a la Generalitat de Cataluña al restablecimiento inmediato de la legalidad constitucional como requisito previo al diálogo".

El PP desea que el Pleno “condene” el “acoso sistemático” al que sus miembros “están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia”.

Además, quiere reclamar al Gobierno central que “utilice con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes”. También a “actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España”.

En su exposición de motivos, el Grupo Popular dice que el Gobierno de la Nación “se ha visto obligado” a adoptar “medidas” para “garantizar el cumplimiento de la Ley” y para “impedir la celebración del referéndum ilegal” de acuerdo con lo previsto en la legislación para “el mantenimiento del orden público”. A su juicio las “explosiones de violencia” registradas “tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático”.

Para los de Vivas la actuación policial vino derivada de una orden judicial y ha motivado “un acoso constante” sobre los agentes de Policía y Guardia Civil para “impedirles el legítimo ejercicio de sus funciones”. “Todos los ciudadanos han podido ver”, ejemplifica, “cómo les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles”.

Así, para el PP “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa” porque “es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos”.