La espera ha terminado: Ceuta acaba de adentrarse de manera oficial en una nueva y desconocida senda en lo tocante al manido tema de las bonificaciones a la Seguridad Social. Tal y como estaba previsto que sucediera, el famoso 'Real Decreto 660/2023' ha entrado en vigor este primero de septiembre. Lo ha hecho, como era de esperar, generando a su paso más dudas que certezas (sobre todo, claro está, en el seno empresarial).

Dada la significancia que entraña tan atrevido movimiento, el PP ceutí se ha visto este mismo viernes en la obligación de alzar la voz en lo que Juan Vivas y los suyos han calificado como "un gesto de solidaridad" hacia nuestros empresarios. Los tres parlamentarios nacionales que dan voz a Ceuta en las Cortes Generales se han citado en Ainara para exteriorizar ante la prensa su "preocupación" a propósito de la coyuntura venidera por representar esta -decían- "una serie de amenazas".

La principal queja de los populares -erigidos en máximos valedores del tejido productivo caballa- radica en el papeleo que el nuevo régimen lleva aparejado. Para Javier Celaya, el hecho de que el fisco aplique las bonificaciones a año vencido constituye, sencillamente, "una complicación burocrática". "Ya lo denunciamos en su momento", recordaba el diputado, que tiene claro que la circunstancia originará "graves efectos socioeconómicos".

Celaya ha ido un paso más allá en su crítica hacia la ya vigente reglamentación al momento de asegurar que, pese a existir el preceptivo marco legal, Moncloa aún no ha dispuesto la correspondiente dotación económica. "Tiene que salir la convocatoria propiamente dicha para poder solicitar la compensación por la pérdida de la bonificación de 2023", exponía el exdirector general de Educación de la Ciudad, quien ve en dicho proceso visos de "inviabilidad" a la vista de "la actual deriva política".

Al margen de la "incertidumbre" que la formación de la gaviota se empeña en atribuir a la totalidad de los comerciantes locales, desde Ainara, consideran que el nuevo Real Decreto dará pie a "situaciones injustas". "Sin ir más lejos, un trabajador temporal con un contrato de sustitución va a cobrar menos que sus compañeros aun realizando el mismo trabajo", exponía Celaya, arguyendo que "se va a poner en juego el plus de vinculación que hacía que la bonificación tuviese repercusión en el salario".

Ante lo que nuestro recién estrenado congresista ha dibujado como "un escenario de falta de soluciones", la plana mayor del PP caballa deposita todas sus esperanzas en la posible llegada al poder de Alberto Núñez Feijóo, quien, no en balde, no parece que vaya a obtener el respaldo de la Cámara Baja en la sesión de investidura que tendrá lugar a finales de este mismo mes. "Si el Partido Popular acaba gobernando, presionaremos desde dentro para intentar poner remedio a esta situación", concluía Celaya.