En el día de hoy, y a través de los medios de comunicación (algo que, por desgracia, ya parece habitual), hemos tenido conocimiento del “Documento de Conclusiones” de la Mesa del Diálogo Social sobre el nuevo régimen de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, vigente desde el pasado uno de septiembre.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, debemos incidir en el hecho, grave en nuestra opinión, de que un asunto al que su Gobierno ha prestado tanta atención, adjudicándole calificativos tan grandilocuentes como el de "trascendental" o "histórico", se trate sin el concurso de una amplia mayoría de la Asamblea. Nos obliga usted a recordarle que el Partido Popular sólo representa el 36% de dicho órgano. Pero es que, además, se incurre en el error de transmitir la imagen de que el Ejecutivo de la Ciudad se dedica a hacer “oposición al Gobierno de la Nación”, en lugar de a defender los intereses de Ceuta, pues curiosamente esto coincide con un momento en el que su partido muestra una especial beligerancia hacia el Gobierno de coalición actualmente en funciones. Lamentamos, por tanto, no haber podido participar en este debate y exponer nuestros puntos de vista. En consecuencia, lo hacemos a través de la presente carta abierta.

En primer lugar, nos parece impropio de una administración solvente el hecho de suscribir un documento sobre un asunto económico (cuya autoría se adjudica a un “Grupo Técnico”) en el que no se muestra ni un solo dato que justifique las conclusiones presentadas. Y es que lo que se aporta no es más que una serie encadenada de juicios de valor, de previsiones con escaso fundamento y de opiniones de dudoso rigor.

También consideramos absolutamente improcedente que el Gobierno de la Ciudad pueda esgrimir como “queja” que se le exija a la clase empresarial cumplir con la legislación vigente (estar al corriente del pago de impuestos y de la Seguridad Social y contar con planes de Igualdad cuando así lo exija la ley), asumir compromisos de estabilidad en el empleo (como viene haciendo la Ciudad desde hace más de veinte años con sus ayudas) o ampliar la formación de los trabajadores y las trabajadoras. Entendemos que estos requisitos, en lugar de recibir críticas, deberían ser apoyados.

En la misma línea, tampoco parece muy razonable criticar aquello que se exige para impedir prácticas fraudulentas. Al respecto es necesario recordar la importancia que tiene, para el funcionamiento de nuestro país y para el estado del bienestar en concreto, el funcionamiento de la Seguridad Social. Proteger la recaudación de este organismo es un deber democrático y, en consecuencia, parece justo evitar que las bonificaciones (una merma en la recaudación) se puedan utilizar fraudulentamente (bien favoreciendo a familiares, bien especulando con las contrataciones). En el mismo sentido, la exigencia de permanencia de los contratos bonificados durante al menos tres años no sólo no es criticable, sino que supone un objetivo compartido por unanimidad durante mucho tiempo por todos los partidos políticos.

Las quejas sobre el mecanismo de la subvención (implantado para garantizar un mínimo del 50% de bonificación en todos los casos) provocan una cierta vergüenza ajena. Es absolutamente ridículo hablar de “aumento de la carga burocrática”. ¿Acaso todas las familias humildes de Ceuta, que tienen que pedir una ayuda de estudios una vez al año, también están "recargadas" burocráticamente? La falta de pudor es obscena, al igual que resulta estrafalario decir que los empresarios tendrán que “adelantar” el dinero, mecanismo que le es aplicado a miles de ceutíes que siempre “adelantan” el dinero a Hacienda y a quienes, una vez al año, este organismo otorga su correspondiente “devolución”. Nunca esto, hasta ahora, había parecido un trauma para nadie. La limitación presupuestaria (usted lo debería saber) es una prevención legal obligatoria, ya que los Presupuestos se aprueban anualmente. Sucede exactamente igual con todas las subvenciones, sin que ello suponga ninguna “inseguridad”, pues existen mecanismos presupuestarios más que suficientes (esto sí que lo sabe sobradamente) para ajustar las cantidades llegado el caso.

También ha sido criticado el “carácter temporal” del modelo. A este respecto, sólo cabe recordar que todos los regímenes de bonificación de cuotas a la Seguridad Social son temporales. El anterior también lo era

Por último, queremos indicar que nos parece una tomadura de pelo alegar la “no aplicación del Plus de Vinculación”. La aplicación de este Plus deviene de un acuerdo con rango de Convenio Colectivo entre empresas y sindicatos. Basta con la redacción y firma de un texto simple en el que quede reflejada la cantidad que percibirá cada trabajador o trabajadora por cada bonificación efectivamente percibida. Habría que explicar, con claridad, por qué motivo no se ha hecho esto sabiendo desde el pasado mes de enero lo que iba a suceder. Lo único cierto, a fecha de hoy, es que las empresas disfrutan de la posibilidad de bonificarse las cuotas a la Seguridad Social en unos porcentajes que oscilan entre el 50% y el 75%, en función de los salarios, y que los trabajadores no percibirán nada. Parece que, en esta Ciudad, siempre tiene que perder la misma gente.