Este compromiso social con los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los jóvenes y los autónomos ha tenido distintas manifestaciones en la actuación del Ejecutivo, la última el Real-Decreto Ley de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de las deudas de las empresas y autónomos contraídas por las administraciones locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa que esta semana se ha debatido en el Congreso de los Diputados.

Se trata de un Real-Decreto que recoge un amplio conjunto de medidas que definen la voluntad política de actuar en ámbitos como son el del apoyo a las personas, en la reactivación económica generadora de empleo y en el refuerzo de la confianza internacional en nuestra economía y la convergencia hacia un modelo europeo más sólido.

En el capítulo de apoyo a las personas se cuentan el incremento de protección a quienes les resulte imposible atender el pago de la cuota hipotecaria mediante la elevación desde los 705 euros actuales hasta 961 los ingresos que no podrán ser embargados en ejecuciones hipotecarias, al tiempo que eleva el límite de tasación para la adjudicación de un bien.

Asimismo, hay que situar en el ámbito de apoyo a las personas, el establecimiento de una línea del Instituto de Crédito Oficial para que los ayuntamientos puedan pagar a sus proveedores –PYMES y autónomos, fundamentalmente- con los que las corporaciones locales tengan facturas pendientes de pago a 30 de abril de este año. De este modo, serán los ayuntamientos los que quedarán endeudados con el ICO y en supuesto que no paguen, el Estado podrá deducirlo de las asignaciones anuales.

Un aspecto básico del decreto, es el apoyo a los emprendedores mediante medidas fiscales y la simplificación de los trámites para crear una empresa. Con el fin de de estimular las inversiones en proyectos impulsados por emprendedores, favoreciendo la creación de pequeñas y medianas empresas que permitan avanzar en el cambio de modelo productivo y la generación de empleo, el decretó prevé el establecimiento de un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas como consecuencia de tales inversiones.

De esta forma se declaran exentas las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda de 25 mil euros. Además, cualquier emprendedor podrá obtener de forma directa y telemática la certificación negativa de denominación social que necesita para arrancar con su actividad mediante una sociedad. También amplía el silencio positivo en los trámites con la administración, que transforma en silencio positivo todos aquellos silencios negativos que no estuvieran justificados.

El decreto también presta atención a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así se modifica la Ley general de estabilidad presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, al tiempo que el Gobierno sugiere a las comunidades autónomas que fijen un tope similar que sale de la media de la evolución del PIB en 9 años, los cinco anteriores, al actual y las previsiones de los tres siguientes