Entendemos que los agentes de la Guardia Civil se han limitado a cumplir con su obligación de proteger y defender el territorio nacional, preservando la inviolabilidad de sus fronteras frente a ataques masivos, violentos y organizados, tomando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley y salvaguardar a los ciudadanos de cualquier amenaza.

Es incuestionable que España está sufriendo una invasión que amenaza nuestra estabilidad y la viabilidad de las políticas sociales y económicas, pero sobretodo pone en peligro nuestra identidad cultural y con ello nuestra existencia como pueblo y como nación.

Esta marea humana que nos amenaza siempre ha encontrado defensores entre todo tipo de oenegés, más preocupadas por los ciudadanos de cualquier lugar del mundo que por sus compatriotas a los que, por otro lado, parasitan sin remilgos a través de las subvenciones que reciben y que gastan en obstaculizar nuestro derecho inalienable a defender nuestras fronteras y nuestra identidad.

Es intolerable que mientras gran parte de la población española se encuentra en las fauces de la pobreza se financie a estas organizaciones que colaboran activamente con ciudadanos extranjeros que no respetan nuestras leyes, irrumpen de forma violenta e ilegal en nuestro territorio y ponen en serio peligro de continuidad nuestros sistemas de auxilio social, precisamente cuando más lo necesitamos.

Miles de españoles se están ahogando y no es en el Estrecho ni en una patera, sino en nuestras calles, en las colas del INEM, en los cubos de basura de nuestros supermercados, en el patio de un colegio donde un niño mira con envidia y hambre la merienda de su compañero, mientras las oenegés españolas gastan millones de euros de nuestro dinero en ayudar a ciudadanos extranjeros que, al menos, cuentan con la Guardia Civil cuando su patera va a la deriva.

¿Y a los españoles quién los rescata?